Defender la democracia y sujetar su comportamiento a la ley es obligación de todo gobierno, no es concesión gratuita a los electores sino una de sus responsabilidades fundamentales. En el conocido caso Yatama vs. Nicaragua (2005), la Corte Interamericana de Derechos Humanos reflexionó que se va en contra de la expresión soberana de la ciudadanía si las autoridades electas por el voto popular cumplen sus funciones en contravención al Estado de derecho.
Nuestra tradición constitucional recoge el principio de la división de poderes como forma de organización de un gobierno moderado, conforme al concepto de Montesquieu ampliamente estudiado por Norberto Bobbio. No es dable concentrar al Ejecutivo, Legislativo o Judicial en una sola persona, menos aún invadir las atribuciones que expresamente tienen conferidas. Debe, por el contrario, generarse una sinergia de equilibrios y respeto entre ellos; y por ello, es lamentable la expresión del presidente de la República al señalar que la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en esa responsabilidad por él.
La democracia no se encarna en una sola persona, por más respaldo popular y legitimidad que tenga en el origen y ejercicio de su encargo, menos aún, encarna la verdad absoluta para agraviar de esa manera a titulares o integrantes de los otros poderes o a grupos de la ciudadanía que no le resultan simpáticos porque no convergen con su proyecto. La división del poder público en nuestro país proviene de la adopción de ideales liberales universales que permearon las luchas de muchas y muchos mexicanos que a lo largo de nuestra historia pugnaron por establecer un régimen de derechos y de libertades en nuestro país.
Hoy la ciudadanía también está en defensa de nuestra democracia. El mismo derecho a una expresión libre asiste a quienes no coincidimos con el plan B electoral de López Obrador y nos concentraremos en el Zócalo, que a quienes apoyarán los festejos por la nacionalización de la industria petrolera; tal y como ocurrió con la marcha rosa del pasado 13 de noviembre y la movilización posterior del presidente que volvió a salir a la calle para demostrar su capacidad de convocatoria.
Vivimos en un régimen de libertades hoy vapuleadas por la intransigencia del oficialismo que pretende mantener dividido al país, en un clima polarizado y beligerante, bajo la premisa absurda de ´estás conmigo o en mi contra´. Pese a ello, miles de personas y decenas de organizaciones ciudadanas nos uniremos para participar en la concentración del Zócalo el 26 de febrero de manera libre y convencida.
El plan B estará aprobado en breve. Es el tiempo de la Corte que conocerá la presentación de acciones de inconstitucionalidad y tendrá la oportunidad histórica de revocar los cambios abiertamente inconstitucionales a seis leyes electorales que disminuyen la capacidad operativa y las atribuciones del INE, mientras que Morena y sus servidores públicos se sirvieron con la cuchara grande. Urge restablecer el principio de la división de poderes y la observancia del Estado de derecho.
También el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrá inaplicar el plan B y atender las justas demandas del personal del INE, que serán lastimados en sus derechos. No hay vuelta. Es el turno de los jueces, que deben demostrar su independencia y su vocación democrática para hacer respetar la ley.