Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el plan B se convirtió en ley y se encuentra en una circunstancia doble: de un lado la puesta en marcha de sus primeros efectos y, de otro, siendo el objeto de acciones de inconstitucionalidad interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversos juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los medios de defensa ejercidos por los trabajadores de la institución que serán despedidos.
Seguimos en un entorno polarizado, con argumentos que mantienen a la reforma electoral en el centro de la deliberación pública, por encima de muchos otros asuntos y que ya generó una impresionante movilización ciudadana en defensa del INE y en contra de los riesgos que corre la organización de las elecciones y la democracia mexicana. Llama la atención el ataque excesivo y desproporcionado del presidente de la República al Poder Judicial, que provocó reacciones peligrosas en contra de la ministra presidenta y que se replica en escenarios donde se debaten los efectos de la reforma electoral.
Llamo la atención en un tema que, visto en su justa dimensión, evidencia la incongruencia de Morena y del gobierno. La modificación a las normas electorales, conforme a los argumentos de los defensores de la 4T, se hizo para acabar con los privilegios que ellos atribuyen a una burocracia dorada del INE, pero al mismo tiempo, incluyeron sin pudor normas que fortalecen privilegios de partidos políticos y sus cuadros. Algunos ejemplos: la nueva ley suprime la obligación que tenían de reintegrar remanentes del financiamiento público, en cualesquiera de sus modalidades, esto significa que al final de cada año podrán usar recursos sobrantes para las actividades que decidan e incluso cubrir multas que les impongan por las infracciones que cometan.
También eliminaron la posibilidad de ser sancionados por afiliar indebidamente a personas que no dieron su consentimiento para estar en sus padrones de militantes. Otro caso está en la supresión de normas que establecían que si los precandidatos no entregaban los informes de precampaña no podrían registrarse como candidatos, ahora solo habrá multas; a la par que disminuyeron las capacidades del área responsable de fiscalizar el origen y aplicación de los recursos de partidos, precandidatos y candidatos y establecieron diversas prohibiciones para que las autoridades electorales no intervengan en su vida interna.
Los privilegios se ensancharon para los partidos, a propuesta del gobierno y de Morena, pero en el discurso siguen siendo su argumento y el distractor para justificar la disminución de atribuciones y capacidad logística del INE, al cercenar su servicio profesional electoral, entre otras consecuencias. El tema no es menor, porque evidencia el desapego a la política de austeridad del presidente y pone en tela de juicio que la reforma haya buscado, objetiva y racionalmente, ajustar los costos de la política y de las elecciones.
El tiempo apremia rumbo al inicio del proceso electoral que permitirá la renovación de la Presidencia y una amplia concurrencia de elecciones locales. Son tiempos de la Corte y de los tribunales, que recibieron el mensaje de una sociedad organizada, que de manera pacífica solicita una revisión apegada a la Constitución de la reforma electoral ya convertida en la ley vigente. Ojalá que las y los ministros resuelvan antes de que su implementación genere daños irreversibles en un momento crítico para la institución electoral que tiene retos titánicos frente a las siguientes elecciones.