Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara la primera parte del plan B, el presidente de la República recrudeció los adjetivos en su contra. Su objetivo verdadero nunca fue que las reformas electorales se convalidaran sino el de continuar socavando la legitimidad del máximo tribunal, conforme al guion aplicado al INE, INAI y a todas las instituciones, actores políticos, organizaciones ciudadanas, universidades o medios de comunicación que critican a su gobierno y que, por ese simple hecho, él ha convertido en sus enemigos.
La Corte hoy es el enemigo público número uno. Su principal atrevimiento ha sido determinar que diversas legislaciones impulsadas por el oficialismo son contrarias a la Constitución, que no pueden ser válidas porque, entre otras cosas, vulneran el proceso legislativo y anulan una regla esencial de la democracia, al no permitir la participación de los grupos parlamentarios de la oposición, cancelando la premisa de que los procesos legislativos son deliberativos y tienen que sujetarse a reglas ya establecidas.
Ante las violaciones sistemáticas al proceso legislativo por las mayorías parlamentarias de la 4T, subyace la idea de que se trata de una estrategia deliberada. Sabían que por múltiples precedentes, la Corte anularía, y con ese pretexto, desde todas sus tribunas decidieron cubrirla de insultos y convertirla en un proyecto de las campañas que siguen y que se materializó cuando el presidente propuso una reforma al Poder Judicial, que presentará en septiembre de 2024, junto con todas las que considere pertinentes, sin importar la opinión de quien gane la elección.
Para lograrlo le urge alcanzar la mayoría calificada en las dos cámaras que le permitan aprobar reformas constitucionales sin pasar por la fastidiosa aduana de la oposición, porque la 4T se ha especializado en la imposición y en las violaciones recurrentes al Estado de derecho, dado que la negociación y construcción de acuerdos, que son consustanciales a la democracia, no son lo suyo.
Así que ha retomado la idea del llamado plan C aderezado por su propuesta de que las y los ministros y las y los jueces sean electos por voto popular, idea que formó parte del plan A respecto de consejeros y magistrados electorales. Pero el contenido de fondo del plan C es eminentemente electoral. Hace un llamado para votar en bloque por Morena y sus candidaturas y a no votar por los partidos de la oposición, habrá que ver cuáles son los mecanismos que implementan para ponerlo en marcha.
Ese llamado es claramente violatorio de las restricciones que tienen los servidores públicos para no utilizar recursos públicos en temas político-electorales. El presidente arenga a la ciudadanía desde las mañaneras, usa la influencia que tiene para pedir que no se vote por los opositores con el pretexto de castigar a la Corte, cuyo único pecado es aplicar la Constitución para salvaguardar nuestra democracia.
Veremos qué decisiones asumen, tanto el INE y, en especial la nueva integración de su Comisión de Quejas y Denuncias, como el Tribunal Electoral, para garantizar un arbitraje correcto, que deje a salvo el principio de equidad en la contienda y los principios de imparcialidad y neutralidad en la actuación de los servidores públicos.
El tema es de la mayor relevancia si consideramos la secuencia de violaciones acreditadas al presidente y su ejército de servidores públicos desde 2021, sin que ello haya generado más consecuencias que algunas sanciones que para Morena son irrisorias a la luz de los más de mil 700 millones de pesos de su financiamiento público federal.