Este lunes la celebración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 será sin la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él decidió, en vez de asistir al Teatro de la República de la histórica Ciudad de Querétaro, presentar ante los medios de comunicación un paquete de iniciativas de reformas a nuestra carta magna que enviará al poder legislativo.
El presidente ha decidido continuar la puesta en marcha de su plan ‘C’ y no dar respiro ni a sus adversarios ni al Poder Judicial de la federación que, en su opinión, requiere una profunda transformación que incluya la elección popular de ministras y ministros, magistradas y magistrados de circuito, juezas y jueces de distrito, magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hasta de los integrantes de sus órganos de administración y disciplina.
Según ha señalado en sus mañaneras, el paquete también incluirá propuestas de modificaciones al salario mínimo, al sistema de pensiones y, de nuevo, al sistema electoral; y por extraño e inédito que parezca, lo hará en plena intercampaña, a menos de un mes del arranque de las campañas. Detrás de la decisión de adelantar la presentación, originalmente anunciada para septiembre, está la evidente resistencia del presidente a desaparecer de la escena política, es claro su propósito de mantener la centralidad que ha cultivado todos estos años, aún por encima de las candidaturas que compiten para relevarlo, incluida la de Claudia Sheinbaum.
El primer mandatario quiere seguir imponiendo la agenda para el debate público y, de paso, acotar a su candidata para que, de ganar la elección, no se salga del programa que diseñó para la 4T. Sobra decir, que sabe que no todas sus propuestas alcanzarán las mayorías calificadas requeridas para su aprobación, así que las negativas de los grupos parlamentarios de los partidos opositores servirán para que el primer mandatario los exhiba ante las y los votantes.
A partir de hoy, estaremos ocupados en la revisión del paquete de distractores diseñados por el presidente
para que las campañas transiten dominadas por las cifras de las encuestas que favorecen su plan transexenal y para que se diluyan los cuestionamientos que enfrenta su gobierno por la incidencia de los grupos del crimen organizado y las recientes investigaciones periodísticas que señalan el posible financiamiento del cártel Sinaloa en su campaña del 2006 y la posible corrupción de familiares y funcionarios de su equipo, que están abriendo un boquete a la legitimidad y credibilidad del presidente que se niega a realizar las aclaraciones necesarias y a emprender acciones legales que limpien su imagen pública.
El paquete de iniciativas de reformas constitucionales condensa la estrategia electoral de la 4T y busca atomizar los esfuerzos de los partidos de oposición, que siguen ocupados en la distribución de candidaturas, en vez de apoyar el fortalecimiento de los nexos de su candidata con las organizaciones de la sociedad civil que generaron la marea rosa y se apropiaron de la calle en defensa de la democracia y sus instituciones.
El intervencionismo de los servidores públicos comandados por el presidente de la república prende un faro de alarma en un proceso electoral severamente amenazado por el crimen organizado y por el comportamiento errático de las autoridades que, en vez de combatirlo, buscan pasarle factura al poder judicial que cumple su trabajo y, al hacerlo, desata la ira presidencial y de todos sus seguidores.