El intervencionismo del presidente de la República en el proceso electoral es ilegal, sistemático y deliberado. Suma más de 35 resoluciones de las autoridades electorales que constantemente le ordenan ajustar su comportamiento a las disposiciones constitucionales que desde 2007 imponen restricciones claras a los servidores públicos: no pueden utilizar recursos públicos bajo su administración en temas electorales y no pueden vulnerar los principios de imparcialidad y de neutralidad que les obliga a no hablar en favor o en contra de candidaturas o partidos políticos.
Más allá de la deliberación pública sobre la evidente desactualización del modelo cerrado que la Constitución establece en la materia, el hecho es que se encuentra vigente, que no se pudo ajustar por la intolerancia oficialista para negociar con la oposición la actualización de las reglas del juego; que esas normas construidas para evitar el intervencionismo presidencial en las elecciones fueron impulsadas por el actual presidente, luego de su derrota electoral en 2006 y de sus severos cuestionamientos a los apoyos que Vicente Fox dispensó a la candidatura de Felipe Calderón.
En 2024 la historia se repite, solo que ahora el presidente es Andrés Manuel López Obrador, quien desde el principio de su mandato ha impuesto un sello propio y arbitrario que ha permeado a todas las esferas del morenismo: soslayar la observancia de la ley y construir todos los subterfugios posibles para seguir victimizándose de todo, echar la culpa al pasado, a los neoliberales, a sus adversarios políticos, a quienes acusa de todo desde su tribuna de propaganda político electoral de las mañaneras.
Ahora, en varias ocasiones, ha hablado de la posibilidad de un golpe técnico de Estado, aludiendo a que las autoridades electorales traman una posible anulación de la elección para regresarle a los conservadores el poder, usando los adjetivos más suaves que tiene. Pero ha dicho, también, que, de concretarse una posible anulación, se soltarían muchos tigres. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la intencionalidad que persigue? ¿De qué deberíamos preocuparnos?
Lo cierto es que las expresiones reiteradas del presidente, el activismo permanente en favor de su candidata y, sobre todo, su constante violación a normas constitucionales que regulan su actuación durante las campañas electorales ha incrementado la litigiosidad del proceso electoral, dado que recurrentemente su actuación se revisa en sede jurisdiccional. Si el Tribunal en 2006 determinó que la actuación de Fox desniveló la cancha, qué hará ahora la integración actual del propio Tribunal ante la inclinación diaria de la cancha por Andrés Manuel López Obrador en favor de su candidata.
El escenario para las autoridades electorales luce complicado por la confrontación y descalificación permanente del primer mandatario, por la presencia del otro tigre encarnado en los grupos del crimen organizado cuya intervención fue reconocida por algunas magistraturas, cuyos alcances y efectos aún no conocemos, pero que ha provocado la muerte de 27 personas aspirantes o precandidatas a cargos de elección popular.
No le demos vuelta al asunto, la litigiosidad del proceso deviene de la intervención permanente y al margen de la ley del presidente y de otros servidores públicos como el jefe de Gobierno de la CDMX, de su desacato a las resoluciones que les marcan límites y de sus reacciones diarias por las que atribuyen calificativos al INE, como aquellas donde lo acusan de actuar como la Santa Inquisición. ¿Qué harán las autoridades con las mañaneras? ¿Cómo se corregirán las lesiones ya generadas a la equidad de la contienda? Son las incógnitas para resolver de manera inmediata.