Con datos al 17 de abril, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) suma la renuncia de 217 mujeres candidatas a cargos de elección popular, lo cual constituye un hecho sin precedentes en la historia electoral de los últimos 34 años que, con razón, ha prendido focos de alarma entre las consejerías del Instituto Nacional Electoral y en la opinión pública nacional.
El viernes pasado, el organismo electoral local informó que la mayoría lo hizo por motivos personales, entre otros, por haber sido registradas sin su consentimiento, por cambiarles de partido y cargo, por incumplimiento de acuerdos partidarios, por haber presentado los documentos solo para que el partido cumpliera con las cuotas correspondientes, por compromisos de trabajo o estudio, por razones de salud, por falta de interés o por problemas de inseguridad.
Las renuncias se distribuyen entre los siete partidos políticos nacionales, cuatro locales y tres coaliciones formadas para el actual proceso electoral local; significan el 4 por ciento del total de las 9 mil 292 candidaturas registradas, de las que 5 mil 262 son mujeres. Más allá de garantizar que las sustituciones se realicen con mujeres para mantener la regla constitucional de género, tanto el IEEZ como el INE deberán revisar a fondo lo ocurrido para impulsar mecanismos correctivos que eviten su repetición en el futuro.
Llama la atención que en una entidad azotada por la violencia y la presencia de grupos del crimen organizado se informe que solo algunas de las personas argumentaron problemas de inseguridad, sin precisarse cuántas y qué hechos, y que solo una indique violencia política en razón de género, conducta que debe ser investigada y, en su caso sancionada. No olvidemos que el pasado 8 de marzo, en un hecho indignante, policías de la entidad agredieron a mujeres durante las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer en la Plaza de Armas y que, Rodrigo Reyes, secretario de Gobierno, justificó las detenciones que se realizaron, aunque después se haya disculpado públicamente. Son temas que se suman y que deben esclarecerse.
No debe pasar desapercibido para las autoridades electorales que varias personas que renunciaron a sus candidaturas señalan diversas conductas atribuibles a todos los partidos políticos, desde la falta de cumplimiento de acuerdos internos hasta situaciones inaceptables, como el hecho de presentar documentos para cumplir con las reglas de postulación o registrar personas sin su consentimiento, lo cual indica que la vida interna de los partidos requiere una revisión normativa para evitar que las dirigencias incumplan o busquen darle la vuelta a los procedimientos democráticos a los que están obligados para seleccionar dirigencias y candidaturas.
Las reformas constitucionales que determinan la paridad en todo deben cumplirse, no es opcional, como también es obligación de las autoridades competentes asumir los problemas de inseguridad que se viven en diversas regiones del país y que hoy constituyen una amenaza tanto para la vida de las candidaturas como para el ejercicio libre del voto ciudadano.
Los hechos ocurridos en Zacatecas se suman a otros fenómenos como la renuncia de 190 candidaturas en Michoacán, donde el OPLE, en voz de su consejero presidente, desconoce las causas; mientras las dirigencias de algunos partidos señalan que fue por inseguridad y temor. Es claro: minimizar la presencia del crimen organizado y las consecuencias de la inseguridad que viven diversas entidades del país solo normaliza la violencia e incrementa el número de víctimas.