Después del 2 de junio México no es lo mismo. Luego de las elecciones, en cascada, han ocurrido múltiples acontecimientos que la semana pasada concluyeron con la formalización de la mayoría hípercalificada que la 4T tendrá en la Cámara de Diputaciones, fortalecida con una mayoría aplastante en el Senado que la deja solo a un voto de la mayoría calificada, luego de la incorporación a la bancada morenista de Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, los senadores chapulines de origen perredista, que no tardaron en traicionar a sus votantes persuadidos de que lo mejor, para ellos, es apoyar el proyecto de López Obrador.
Más allá de la deliberación ideológica y política de las últimas semanas, no deben soslayarse algunos aspectos visibles en las decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral y del propio Instituto Nacional Electoral en la aprobación de las mayorías de la alianza gobernante. Un ejemplo está en los mensajes ideologizados de algunas consejerías y magistraturas que, estando en su derecho para expresarlos, descalificaron diversos juicios y amicus curiae de organizaciones ciudadanas y exfuncionarios de autoridades electorales negándoles viabilidad jurídica y obviando referirse a los argumentos que recibieron.
De nuevo, fue la magistrada Janine Otálora quien se mantuvo congruente, la única voz que evidenció notorias insuficiencias de criterios jurisdiccionales aplicados en asignaciones anteriores, pero también la manipulación que los partidos han hecho de la normativa que rige los convenios de coalición para las elecciones y los manejos parlamentarios posteriores. Para corroborar la contundencia de estas reflexiones, basta observar lo que sucedió apenas una hora después de que el Tribunal ratificó las nuevas mayorías del oficialismo, el PVEM informó en un escueto comunicado que decidió ceder 15 diputaciones de su bancada a Morena, a fin de que reúna la mayoría absoluta de la Cámara y controle la Junta de Coordinación Política.
La mayoría de cuatro votos del Tribunal en favor de una sobrerrepresentación artificiosa implica un freno al avance democrático de México, su sentencia da el impulso requerido por la 4T para destruir los controles al ejercicio del poder logrados en las últimas décadas y prende la luz verde para regresar al híperpoder presidencial. Así lo demuestra la cascada de reformas constitucionales que el oficialismo pretende aprobar en el transcurso de las próximas dos semanas.
El ansiado regalo de López Obrador que podrían entregarle sus ansiosos legisladores se materializará en la reforma al Poder Judicial. Se trata de tener personas que hayan estudiado derecho, jóvenes con integridad, o lo que es igual, jueces comprometidos con el régimen, maniatados por los favores que reciban para llegar al cargo, que no signifiquen oposición al gobierno, sino el soporte para edificar el segundo piso de la transformación.
La inminente desaparición del INAI y de varios organismos constitucionales autónomos le regresará al gobierno funciones que el avance democrático le quitó. Estaremos de regreso a las décadas de la opacidad superadas desde los esfuerzos del Grupo Oaxaca, ¿o será que los entes gubernamentales tendrán sólidas convicciones democráticas y compromiso con la defensa de los derechos humanos para entregar toda la información que se les solicite y transparentar la aplicación de los recursos públicos? Lo dudo.
La transformación democrática, antes pactada, plural e incluyente, llegó a su fin. Las reformas constitucionales por consenso no existirán más. Serán las nuevas mayorías las que unilateralmente reescriban la Constitución y le den un nuevo rostro al Estado mexicano.