Frente a la muerte: penas inhumanas

La pena de muerte es signo peculiar de la barbarie.
​
Víctor Hugo

Mamia-Abu Jamal, un afroamericano que ha pasado más de 30 años en una cárcel de Pennsylvania por el asesinato de un policía, estuvo sentenciado a muerte entre 1982 y 2008, cuando se le conmutó la pena por prisión perpetua. Su caso se ha convertido en la bandera de muchos de los grupos que se oponen a la pena de muerte, pues a las dudas sobre su culpabilidad se suman cuestionamientos sobre la composición y los criterios usados por el jurado en su caso, así como percepciones acerca de prácticas racistas por parte del juez. En alguna ocasión, expresó -con prueba escrita- que "sólo en los Estados Unidos puede un corresponsal de un tribunal oír a un juez decir ¡Voy a ayudarles a freír al negraco!, informar de ello y que la justicia aparte la vista".

La pena de muerte sigue vigente en 58 naciones, entre ellas China, India, Paquistán, Mongolia, Japón, Yemen, Guatemala y Estados Unidos. En tanto, 97 países la han derogado para todos los crímenes, incluyendo México que la eliminó en diciembre de 2005 con la reforma a los artículos 14 y 22 de la Constitución y la revocación del artículo 142 del Código de Justicia Militar.

De acuerdo con Amnistía Internacional, en 2012 cerca de 3 mil 680 personas fueron ejecutadas en el mundo, la mayoría en China (se estiman en 3 mil), Irak, Irán, Arabia Saudita y Estados Unidos. En este último país, entre 1976 y 2012 se sometió a la pena de muerte a mil 330 personas, sobre todo en California, Texas, Florida, Pennsylvania, Carolina del Norte y Alabama.

México es el país de origen de la mayor parte de condenados a muerte en Estados Unidos. En la actualidad existen 60 mexicanos sentenciados a esta pena, la mayoría de ellos inmigrantes de escasos recursos y con bajo nivel educativo. La próxima ejecución de un mexicano, Ramiro Hernández Llanas, está programada para el 9 de abril en Texas. De acuerdo con un fallo de la Corte Internacional de Justicia (conocido como el caso Avena), Hernández, acusado de homicidio y violación, tiene el derecho a la revisión de su caso, pues no se le dio acceso a los derechos consulares y, además, padece de retraso mental. Sin embargo, los recursos presentados por la defensa de Hernández Llanas, así como la solicitud del gobierno mexicano para revisar si la falta de apoyo consular influyó en el juicio han sido rechazados por las autoridades en Texas.

Más allá de este caso, noticias recientes sobre los métodos y efectos para aplicar la pena de muerte han generado un creciente nivel de rechazo. El mecanismo más usado es el de la inyección letal que, de acuerdo con un reportaje publicado por Javier del Pino en El País, no funcionan como se alega, esto es mediante una agonía rápida y sin dolor, sino que a menudo sólo paralizan a los presos sin garantizar su sedación. Ello, además de la oposición a la pena de muerte, explica que muchos laboratorios -la mayoría en países europeos y abolicionistas- se nieguen a vender los fármacos a las cárceles, y que en las últimas ejecuciones en Estados Unidos se hayan utilizado nuevos fármacos sin que se conozcan sus efectos, pero que sí son más agresivos.

Yo me declaro completamente abolicionista. Debe ser terrible el cargo de conciencia que enfrentan quienes ejecutan a un ser humano, en particular si no se le dio acceso a la protección jurídica, y con inyecciones y métodos que infligen dolor y agonía.

Correo: mariamascottsanchez@gmail.com