Para esta administración federal parece que la información pública, transparente y confiable, es una piedra en el zapato que no sólo es manipulable sino que la buscan acomodar a sus intereses particulares. Así ha sido con el nuevo aeropuerto y los supuestos análisis de viabilidad aeronáutica y de vialidades terrestres de la opción en Santa Lucía; con los estudios de impacto social y ambiental del tren maya y la refinería en Tabasco, que "ya existían" pero nadie los conocía (ahora dicen que harán nuevos); con las cifras de homicidios, ya que las que maneja el presidente López Obrador "no coinciden" con las del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con las de los 'ejecutómetros' de algunos medios de comunicación; y con la información vinculada con el robo de combustibles (abasto, pipas, tomas clandestinas, etc.). En otros ámbitos, ha prevalecido la opacidad y la manipulación como en las consultas ciudadanas y en el 'censo del bienestar', que será la base para la distribución de los recursos de los programas sociales.
El golpe más reciente a la generación de información sistemática y oportuna es la cancelación de 13 encuestas que realizaría el Inegi en 2019 y del Censo Agropecuario, consecuencia del insuficiente presupuesto que le asignó, primero, la Secretaría de Hacienda y después la Cámara de Diputados. Para este año el Inegi solicitó 17 mil millones de pesos para sus actividades; sin embargo, en la propuesta del PEF sólo se le asignaron 12.6 mil millones y el aprobado se redujo en 500 millones adicionales, para ubicarse en $12.1 mil millones, es decir, casi una tercera parte menos de lo requerido. El Inegi tiene que aumentar su presupuesto en los años en que se preparan o realizan los censos de población y económicos, como es el caso de este año. Por ejemplo, el presupuesto de 2009 duplicó en términos reales al de 2008, y en 2010 se incrementó en un 10 por ciento adicional, cuando se levantó el Censo Económico de 2009 y se preparó y aplicó el Censo de Población y Vivienda de 2010. Según el Inegi, los recursos aprobados para 2019 no le permitirán desarrollar diversos proyectos y encuestas específicas, al tener que canalizar la mayor parte a la elaboración de esos dos censos.
Ello incidirá en la generación de nueva información sobre diversos ámbitos. En seguridad pública no se llevarán a cabo las encuestas de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, ni la de Población Privada de la Libertad, como si el tema no fuera una prioridad; en salud, la de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas (esencial para la prevención); y, en materia laboral, la de Trabajo Infantil. El mayor impacto será en el ámbito económico, con la cancelación de las encuestas de Usos de Tecnologías de Información, de Calidad Regulatoria e Impacto en las Empresas, de Gasto en los Hogares (que es fundamental para la actualización de los índices de precios), la de Confianza del Consumidor (inexplicable que no se realice por su relevancia para evaluar el comportamiento de las expectativas), la de Micronegocios y la Nacional Agropecuaria, que proporcionaba los escasos datos de la situación estructural del sector. Además, se cancelará el Censo Agropecuario, cuyo último levantamiento data de 2007 y fue deficiente. La elaboración de su marco muestral en 2016 tuvo un costo elevado y acabará en la obsolescencia.
Lo anterior implicará no disponer de información importante para el análisis y la toma de decisiones públicas y privadas en la coyuntura y perder la continuidad de series estadísticas (tendencias) de gran relevancia. Lo más grave: no se contará con el sustento adecuado para el diseño, instrumentación y evaluación de políticas públicas clave, con lo que es previsible que esta administración siga gobernando con ocurrencias y percepciones acerca de la realidad, en vez de con base en 'datos duros'. Su desprecio y soslayo por la información estadística es preocupante.