El nuevo gobierno parece estarse especializando en manejo de crisis, la mayoría heredadas y acumuladas de administraciones anteriores y otras creadas por él mismo. De éstas, la más evidente ha sido la cancelación del nuevo aeropuerto, cuyos efectos todavía son inciertos en los costos (aunque el irresponsable de Jiménez Espriú quiera minimizarlos) y el colapso del sistema aeroportuario del Valle de México en el que el aeropuerto actual es cada vez un mayor desastre y las opciones de Santa Lucía y Toluca difícilmente serán viables para resolver la saturación y el mal servicio; a ello se suman el atentado (presupuestal y en el capital humano) contra las instituciones autónomas y, especialmente preocupante, el incumplimiento del Estado de derecho (Ley de Remuneraciones con sus efectos colaterales en la calidad del servicio público, violaciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en los nuevos proyectos, incumplimiento de contratos laborales y de obra pública, etc.), a pesar de las trilladas frases del presidente: "al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie". Todo ello gravitará en elevados costos en inversión, crecimiento y empleos. A lo anterior hay que agregar la crisis potencial de credibilidad que se empieza a gestar por el manejo de las estadísticas oficiales, como las de homicidios, y en lo que el presidente también es especialista desde la campaña ("yo tengo mis propios números").
De las crisis heredadas sin duda la peor es la de la inseguridad, pero la más reciente, no ajena a esta última, es el robo de combustibles, perforación de ductos, robo de pipas y el 'huachicoleo', y ahora la estrategia para enfrentarla que ha derivado en un severo desabasto de gasolina y costos crecientes (transportar por pipa es 15 veces más caro que por ducto). El tema había que atenderlo desde hace muchos años pero, por sus resultados a la fecha, parece que otra vez se tomaron decisiones precipitadas y sin una planeación adecuada.
Esos problemas se remontan a varias administraciones federales y de Pemex, son multidimensionales y complejos de resolver. Se explican por la falta de nueva infraestructura de ductos, alterna a la que existe desde hace más de 25 años por lo que no existen "redundancias" ante fallas o atentados; ausencia de mantenimiento adecuado de la red y de las terminales; posposición permanente en la instrumentación de sistemas modernos de control (denominados SCADA) de los flujos de combustibles y su presión física, que circulan en los tubos y que permiten detectar de inmediato "fugas". Todo ello por la falta de presupuesto a la que ha sido sometida Pemex desde hace décadas. Y sí, también, por la enorme corrupción al interior de la empresa y en su entorno operativo (piperos que hoy están "haciendo su agosto", gasolineros, consumidores de combustibles robados, nulidad de gobiernos estatales y municipales que se lavan las manos, etc.).
No hay solución fácil, ni la corrupción se va a acabar porque AMLO diga que se va a acabar. El hecho es que hasta hoy se están registrando casos graves de desabasto —aunque las autoridades lo denominen "ajuste logístico"— sobre todo en las entidades federativas donde se ubican los principales poliductos y que son los susceptibles a robo en las redes de la zona sur-centro-occidente. Casualmente, y sí es casual, varios de esos estados gobernados por la oposición. A ello se agrega el Valle de México y la CDMX, donde esta semana empezaron a registrarse largas filas en diversas estaciones de servicio más por una sicosis de falta de gasolina que por desabasto real, que hizo recordar épocas cuando eso ocurría ante rumores de aumentos de precios. Rumores que se autocumplen.
Primera crisis del nuevo gobierno, heredada y pésimamente manejada, con afectaciones directas a una población mayoritaria. Otras decisiones incidieron e inciden en grupos focalizados; el abasto de combustibles no. Las ocurrencias e incompetencias continúan.