Los resultados electorales del 1 de julio implicaron un cambio en los balances y contrapesos entre los poderes federales y los niveles de gobierno, al darse una alineación-sumisión entre el Ejecutivo, los legislativos federal y estatales, así como diversas gubernaturas y alcaldías. Ahora los contrapesos a la mancuerna presidencia-legisladores estarán en el marco jurídico y el Poder Judicial, como actor central en la Suprema Corte de Justicia (SCJN); los organismos autónomos; algunos gobernadores (de oposición); y los 'mercados'.
En el análisis más reciente de GEA/ISA sobre escenarios políticos para la gobernabilidad después de las elecciones de 2018, la encuesta que se levantó a principios de diciembre aporta información sobre las percepciones de la ciudadanía en relación con varios de esos aspectos (se puede consultar en www.structura.com.mx/gea). La encuesta se realizó antes del encontronazo entre AMLO-legisladores de Morena y la SCJN con motivo de la ley de remuneraciones a funcionarios públicos y del fallo del tribunal electoral sobre las elecciones para gobernador en Puebla, que también generó críticas del presidente. En ese aspecto, a la pregunta de si se recurre a la Corte para demandar la inconstitucionalidad de una ley, como es el caso, 59 por ciento de la población opinó que se deben tomar decisiones apegadas a la Constitución.
La relación gobierno-organismos constitucional u operativamente autónomos también se perfila compleja: propuestas de cambios en el mandato del Banco de México; desaparición del órgano para la evaluación educativa (el INEE) y la creación de otro, seguramente 'a modo'; sustitución de mecanismos paralelos a los institucionales para funciones clave, como las "consultas" morenistas (en vez del INE) o la integración del 'censo del bienestar' para repartir recursos de programas sociales (vs. el Inegi); intento de someter a los reguladores del sector energético (Comisión Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía) vía cambios en las leyes, presiones a comisionados y/o 'indicaciones' para frenar la reforma energética, como la suspensión de las dos rondas previstas para febrero; iniciativa para transformar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en una defensoría pública; y las críticas y cuestionamientos sobre su utilidad al organismo de acceso a la información y transparencia (INAI). Hasta ahora, sólo parecen librarla la comisión de competencia (Cofece) y el comité de evaluación de programas sociales (Coneval). No obstante, según la encuesta 61 por ciento de los entrevistados opina que AMLO respetará la autonomía de esos organismos. Más aún, en todos los casos la mayoría cree que dicha autonomía debe mantenerse: 54 por ciento para el INEE, la Cofece y el IFTelecomunicaciones; 60 por ciento para Banxico y el INAI; 64 por ciento para el Inegi y más de 70 por ciento para la CNDH y el INE. Por las fechas de renovación de los órganos de gobierno, AMLO podría tener mayoría en 2022-2023, con excepción del INEE y la CNDH (2019) y Coneval (hasta que cambie la ley).
Sin duda, la ley de remuneraciones aprobada minaría la autonomía tanto de la SCJN como de esos organismos, aunque queda el recurso de excluirlos de la ley por ser cuadros "altamente técnicos y especializados" (pero según el criterio de Hacienda). Otro flanco de vulnerabilidad para esas instituciones será el Presupuesto para 2019, que será definido por la diputación morenista y aliados. Aspecto que habrá que evaluar el próximo 15 de diciembre. En el mismo sentido podrían operar los presupuestos asignados a los gobiernos locales, con los que ya hubo diferencias por temas de seguridad y el papel de los superdelegados.
Otro contrapeso serán los mercados, aunque muchos morenistas los soslayen, como ya se vio en el caso de los bonos del nuevo aeropuerto, las reacciones de las agencias calificadoras y lo que ocurra con el contenido y aprobación del Presupuesto federal para 2019.
Contrapesos habrá; veremos qué tan efectivos y cómo se dirimen las diferencias.