Como lo prometió desde la campaña, la semana pasada el presidente López Obrador puso en marcha el programa de precios de garantía para cuatro productos agrícolas (inició con el de frijol este mes, al que se sumarán maíz, arroz y trigo panificable) y uno pecuario (para leche fresca), el cual es uno de los programas insignia en el ámbito agropecuario de esta administración. El programa establece precios de adquisición para esos productos por parte de Sagalmex, que surge de la fusión de Diconsa, encargada de la distribución y la venta de productos básicos, y de Liconsa, que atendía el mercado de leche fresca.
En principio las adquisiciones de esos productos a precios mínimos estarán limitadas a una superficie sembrada máxima para maíz y frijol, así como al volumen adquirido por productor para los cuatro productos agrícolas y sujetos a un padrón georreferenciado. No se han anunciado las características correspondientes a las adquisiciones de leche fresca y a la fecha se desconocen la mecánica específica y las reglas de operación con las cuales funcionará el programa ya que, como en otros casos los anuncios se documentan en discursos, boletines de prensa y entrevistas, sin que se den a conocer sus detalles específicos.
El antiguo esquema de precios de garantía que prevaleció hasta principios de los noventa se eliminó para desmantelar un ineficiente y costosísimo sistema de otorgamiento de apoyos vía Conasupo, que se caracterizaba por una elevada corrupción. En la siguiente década se introdujo el sistema de "ingreso objetivo", todavía vigente, que consiste en un pago por tonelada y opera cuando el precio de mercado se ubica por debajo del establecido (safety net).
Previsiblemente, las principales implicaciones del nuevo esquema de precios de garantía se pueden sintetizar en tres grupos:
Presupuestales. De acuerdo con el PEF 2019, el monto de recursos fiscales que se destinarán al programa será de 6 mil millones de pesos, a lo que se agregarían 1.2 mil millones del programa de leche de Liconsa. Con base en una estimación elaborada por GEA, el gasto fiscal ascendería a 12.2 mil millones, casi el doble del monto presupuestado, si no se establecen restricciones regionales en la adquisición. Ello no considera los costos de almacenamiento y logística para la compra-venta, que pueden ser sustanciales, ni los subsidios en los que incurriría al vender esos productos a un precio inferior al que le costó adquirirlos, ya que tendría que venderlos a precios de mercado.
Distorsiones de mercado. Cuando prevalecen varios precios (el de mercado, el de garantía y tal vez el del ingreso objetivo que seguiría aplicando a productores medianos y grandes) para el mismo producto se generan elevadas distorsiones tanto en la asignación de recursos a la producción como en la canalización de los productos para el consumo. De ahí que sea previsible que: se 'traslade' producto de medianos y grandes productores hacia los pequeños (y, por tanto, se registre un incremento de la producción de estos últimos); se generen triangulaciones (regionales y entre productores) de los productos; posibles excedentes de oferta, que actualmente ya existen para maíz blanco; y competencia 'desleal' para productores de mayor tamaño (y más eficientes), entre otros efectos.
Complejidad operativa. Identificar a la población beneficiaria será una tarea compleja, a pesar de que se dispone del padrón de productores de Proagro-Procampo. Además, el otorgamiento de los apoyos se puede prestar a múltiples actos de corrupción como sucedía en el pasado asociados a condicionamientos en su entrega, declaraciones falsas de volúmenes entregados, etcétera.
Así, a pesar de las declaraciones de las autoridades en el sentido de que el de precios de garantía "no se trata de un programa asistencialista sino de justicia social", el hecho es que la efectividad para alcanzar sus objetivos de mayor producción y productividad están en duda.
Socio Fundador de GEA Grupo de Economistas y Asociados.