De los 100 compromisos que anunció el presidente López Obrador en su toma de posesión el 1º de diciembre, diez se refieren directa o indirectamente al sector agropecuario; de éstos, ocho serán responsabilidad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader): entrega de fertilizantes, apoyos económicos semestrales a pequeños productores para siembra de alimentos, precios de garantía a cuatro productos agrícolas y a leche, fomento de la actividad pesquera, créditos a la palabra y sin intereses para adquisición de ganado, fusión de Diconsa y Liconsa para adquisición y venta de productos básicos, entrega de apoyos directos "sin intermediarios" y prohibición en la introducción y uso de transgénicos. Los otros dos corresponden a la Secretaría del Bienestar (siembra de árboles frutales y maderables) y a la de Comunicaciones y Transportes (construcción de caminos rurales). El 1º de enero entró en vigor el precio mínimo de adquisición de leche fresca.
Los compromisos, junto con el recorte presupuestal del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural, en especial de los programas de la Sader, implicarán cambios importantes en la estructura del gasto público y los subsidios en los sectores agropecuario y agroalimentario. En primer lugar, previsiblemente se registrará una reducción del denominado subsidio equivalente al productor (EAP o PSE por sus siglas en inglés) que corresponde a los recursos que reciben los productores primarios tanto del gobierno vía recursos fiscales, como de los consumidores vía precios (superiores a los de mercado). En la última estimación disponible para el comparativo internacional, en 2017 el EAP en México ascendió a 7.5 por ciento del ingreso total de los productores (www.agrimonitor.iadb.org). Con excepción de Brasil (2 por ciento), Chile (2.4 por ciento) y Argentina (-11.5 por ciento, por los impuestos a la exportación de bienes agrícolas que aplica ese país), el EAP mexicano se situó por debajo del de otros países relevantes como Estados Unidos (9.9 por ciento), Canadá (9.8 por ciento), la Unión Europea (18.3 por ciento), Colombia (9 por ciento) y Perú (20.7 por ciento).
La segunda implicación es que se modificará la estructura entre apoyos directos —que incluyen pagos en efectivo, subsidios a los insumos y apoyos a la inversión, entre otros— y apoyos a los precios de mercado. En 2016 los primeros representaron 88 por ciento del total del EAP en México y los segundos 12 por ciento. A nivel internacional esa estructura presenta diferencias muy marcadas, que depende de las políticas agroalimentarias que aplica cada país. Por ejemplo, en Chile los apoyos a precios sólo significan 3 por ciento del total (prácticamente no hay intervención en el mercado sino que todo se canaliza por apoyos directos), mientras que en Canadá 63 por ciento se otorga vía precios (por los esquemas de órdenes de comercialización que tienen en lácteos y productos avícolas). Los nuevos programas de Sader (precios de garantía y la intervención de Liconsa/Diconsa) favorecerán los apoyos vía precios que eventualmente pagaremos los consumidores y que tienden a generar distorsiones en los mercados y en las decisiones de inversión de los productores.
La tercera implicación será el incremento de la dependencia de los productores al Presupuesto federal y la selectividad en la canalización de los subsidios a partir de padrones de beneficiarios elaborados a modo, como el "censo del bienestar". En ese sentido, las modificaciones al Presupuesto son evidentes: mucho más apoyos a productores en lo individual, con nombre y apellido, y menos a bienes públicos para el desarrollo sectorial basado en la productividad y la competitividad de la producción.
Todos los países del mundo, en mayor o menor medida, apoyan a los productores primarios con recursos públicos o con cargo a los consumidores. No es cuestionable que ese sea el caso en México. El problema radica en qué mecanismos de apoyo son más efectivos y duraderos para impulsar el desarrollo sostenible del sector, en lo que parece que vamos para atrás.