Maribel Quiroga

Una apuesta por el bienestar

Los bloques de la CNTE a las vías del tren en Michoacán descarriló un proceso que impactó en la productividad del país por más de dos semanas.

Como mexicana, tengo la fortuna de trabajar en una industria que día a día construye un mejor país, a partir de la producción de un bien de consumo que además de generar oportunidades para la gente del campo, colaboradores en zonas urbanas y profesionistas en todas las regiones de México, promueve un consumo responsable que impulsa la convivencia entre seres humanos con afectos o valores comunes. Sin duda alguna, la cerveza es uno de los motores del crecimiento nacional y del bienestar social.

Sé bien que, sin distingo del producto que se trate, el poner un bien de consumo de calidad en las mesas de los hogares no resulta tarea sencilla. Entre otros factores, requiere contar con contextos el los que existan los incentivos políticos y regulatorios adecuados para dar certeza a la inversión; la infraestructura a través de la cual se hagan llegar insumos en condiciones óptimas a las fábricas y de éstas, a los centros finales de venta o consumo; así como de un recurso humano lo mejor capacitado en las áreas exigidas de cada eslabón de la cadena de valor. Cualquier insuficiencia a lo largo del proceso lastima a dos sujetos prioritarios de nuestras comunidades: al trabajador y al consumidor, al generarse situaciones que ponen en riesgo los empleos o que deriven en la provisión de bienes deficientes.

Por todo ello, observé con interés y preocupación el bloqueo de vías férreas en el estado de Michoacán, realizado por la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocida como la CNTE. El conflicto sindical es un caso para libro de texto, al tocar cada uno de los puntos antes expuestos. Revisemos el caso juntos. Un problema de orden estatal detona durante diecisiete días una manifestación asentada en una instalación bajo supervisión federal. La concurrencia de ambos órdenes de gobierno y las atribuciones de ley, complica el deslinde de responsabilidades, es decir, identificar a quién corresponde prevenir de inicio que el conflicto escale. Hagamos a un lado por esta ocasión, si son legítimas las demandas de la Coordinadora Nacional o si es válido el secuestrar una infraestructura esencial de transporte para la distribución de insumos, lo que es cierto es que su acción -para mantenernos en términos ferroviarios- descarrila un proceso que, en el agregado, impactó en la productividad del país por más de dos semanas.

Así lo dejan ver los altos costos derivados del bloqueo sindical; de acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), las pérdidas económicas se calculan en 14 mil millones de pesos. Otros datos recuperados en prensa reportan cientos de ferrocarriles cargados con dos millones de toneladas o más de diez mil contenedores sin poder moverse de las distintas estaciones de origen. Esta situación afectó la movilización de combustibles, materias primas y autopartes, entre otros insumos fundamentales para sectores tan diversos como el automotor, el agroalimentario y el del acero. No sólo muchas fábricas se vieron obligadas a la consideración de paros técnicos, paradójicamente en detrimento de cientos de trabajadores con los cuales la CNTE debiera ser ante todo solidaria, sino presionaron los precios al alza de productos de la canasta básica como el pan y la tortilla. ¿Y a quién afectan más estos incrementos? Desde luego, está usted en lo correcto, a las familias en alguna condición de pobreza.

Para evitar descarrilar el bienestar presente y futuro de México, necesitamos algo más que el sentido común de quienes se encuentran involucrados en el proceso productivo. Requerimos de un marco legal que proteja mejor y de certeza jurídica a todos los involucrados, a estudiantes, trabajadores y consumidores. Lo anterior a partir de mayor transparencia y eficiencia en la administración de recursos públicos, la clara delimitación de los alcances de cada orden de gobierno en situaciones en las que haya concurrencia y responsabilidad compartida, consensuar en un diálogo público incluyente los principios esenciales que nos dan cohesión como comunidad nacional y, ante todo, tener claridad del país que queremos para que tus hijos y los míos vivan.

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