Narcotraficantes, cárteles, delincuencia organizada y, ahora, terroristas. Todas estas son formas de referirse a los grupos traficantes de droga.
Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre los tres primeros y el último término: el trato que las autoridades locales, nacionales e internacionales les da.
Como bien indica el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, el lenguaje, además de representar la realidad, define la forma en que los seres humanos se relacionan con el mundo. La manera en que se define y delimita a las organizaciones criminales –o la falta de ésta –, influye directamente en la respuesta hacia sus actos.
Medios de comunicación, académicos, autoridades e, incluso, organismos internacionales suelen utilizar los denominativos de delincuencia organizada, narcotraficantes y cárteles como si fueran sinónimos. Una imprecisión conceptual, la cual se acompaña de ambigüedad en el trato que reciben, permitiendo que cada entidad decida su actuar frente a ellas. Se pretende agregar esa cuarta: ‘terroristas’.
Hace unos días, Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, dijo que, tan pronto tome posesión el próximo 20 de enero –en escasos 14 días– “designará inmediatamente a los cárteles de droga como organizaciones terroristas extranjeras”.
Aunque no es la primera vez que él u otro mandatario estadounidense comenta la posibilidad de tipificar como terroristas a los grupos traficantes de droga, esta clasificación se acompaña de lineamientos específicos de acción. Incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuenta con una Estrategia Global contra el Terrorismo.
Trump pretende que estas organizaciones entren en la clasificación de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). De cumplirse el amago, los cárteles se sumarían a la lista de 68 entidades que actualmente componen la lista de FTO. Aparecerían junto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ISIS, Hamas, Al- Qaeda y diversas ramificaciones del Estado Islámico.
Y todo esto, ¿qué implicaciones reales tendría?
Las principales consecuencias de acabar en dicha lista son financieras. Tal categoría permitiría que el gobierno del país vecino del norte frene los flujos de dinero que atraviesen los bancos en su territorio; imponer sanciones económicas, restringir viajes y procesar a quienes apoyen a estas organizaciones.
Un antecedente cercano y que da luz sobre las posibles consecuencias de integrar a los cárteles como FTO, es cuando las FARC fueron catalogadas como tal. Esto resultó en El Plan Colombia, el cual representó una gran inversión para concretar involucramiento político, militar, financiero y de inteligencia de Estados Unidos. Los resultados fueron mixtos.
Si bien las FARC firmaron la paz con el gobierno en 2016, durante su implementación se reportaron múltiples violaciones de los derechos humanos: organizaciones colombianas han contabilizado más de cuatro mil 300 presuntos asesinatos de civiles por parte de las Fuerzas Armadas durante los 20 años de aplicación del plan. Además, en 2023 Colombia fue el principal productor mundial de cocaína y aún hoy persisten enfrentamientos con disidentes de la guerrilla.
Agregar la designación de ‘terroristas’ a los grupos traficantes de droga tomará tiempo y esfuerzo. De inicio, será necesario definir qué organizaciones exactamente van a denominarse como tal y, posteriormente, hacer investigaciones judiciales para probar que las personas están realmente vinculadas con ellas. Con todo, esta adición marcaría una evolución en el lenguaje y un replanteamiento conceptual que modifica la comprensión e interpretación de la realidad.
Sea como terroristas o bajo cualquier otra denominación que se asigne a las organizaciones traficantes de droga, es fundamental que sea precisa, pues de ello depende nuestra percepción y las acciones concretas que se vinculan a ella.
X: @marlenemizrahi