Secretario de Gobierno de la CDMX
Las fuerzas políticas que decidan votar a favor de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrán una gran oportunidad política. Se trata de un ganar-ganar.
A diferencia de la reforma energética del ex presidente Enrique Peña Nieto, la reforma actualmente propuesta generaría consenso popular y nacional.
La reforma de Peña Nieto dividió al país. Alguien podría decir que la reforma que hoy propone López Obrador tampoco tiene un apoyo unánime. Es verdad. Pero la situación es distinta. La reforma de Peña hizo añicos la identidad construida alrededor de una de las grandes gestas nacionalistas: la expropiación petrolera. Su aprobación significó una ruptura profunda con la ideología que cimentó al régimen de la Revolución Mexicana. Convertida en sentido común durante largas décadas de cultivo, la idea de las industrias energéticas nacionales terminó siendo combatida muchos años después precisamente por la fuerza política que se benefició de ella: el PRI.
Pero la reforma de Peña significó también una ruptura de orden social. Condujo a una caída dramática de la producción petrolera, dañó a las empresas públicas, fortaleció a la oligarquía energética española y lastimó el bolsillo del consumidor. Se dijo una y otra vez. No había sorpresa en ello.
De hecho, la aprobación de la reforma se realizó de manera forzada, sin consenso. En las calles, cientos de miles de personas se manifestaban en contra, incluso a través de distintos frentes políticos.
En las encuestas, la inmensa mayoría rechazaba la reforma de Peña Nieto. Entre el 60 y 80 por ciento de las personas consultadas se manifestaba en contra. Al Congreso de la Unión llegaron dos solicitudes de consulta popular sobre la reforma energética, respaldadas, en su conjunto, por más de 6 millones de firmas. En el Senado, ni siquiera el ala más conservadora estaba entusiasmada. Tuvieron que correr millones de dólares para comprar su voto.
El costo económico social para la población fue enorme, y ésta le cobró la factura a las fuerzas políticas que aprobaron la reforma en el 2018. Por eso el PRI sufrió el mayor descalabro. Construido sobre una base popular, de la cual formaban parte también los sindicatos de trabajadores petroleros y electricistas, el PRI perdió una gran parte de su electorado.
La reforma de Peña Nieto fue un perder-perder. El país perdió seguridad energética, PEMEX perdió capacidad productiva, la CFE perdió el equilibrio de sus finanzas, la población perdió el acceso a energéticos domésticos a bajo costo, el gobierno federal perdió consenso popular y el PRI perdió las elecciones.
La reforma propuesta por el presidente López Obrador permite colocar el tema en otra situación: es un ganar-ganar.
Gana el país soberanía y seguridad energética, ganan PEMEX y CFE capacidad productiva, gana el pueblo energéticos a bajo costo, gana el gobierno consenso popular y ganan las fuerzas políticas que aprueben la reforma.
Naturalmente, la aprobación de la reforma sería importante para la fuerza política gobernante, pero también para las otras fuerzas que concurrieran a conformar la mayoría constitucional de dos terceras partes.
Sería una oportunidad especialmente para el PRI, fuerza política de origen nacionalista y base popular, que encontraría en este voto aprobatorio una reivindicación histórica y un medio de reconstrucción de identidad y consenso político y social.
El debate de la reforma está produciendo otros reacomodos. El PRD y Movimiento Ciudadano se han colocado a la derecha del PRI. El PRD votó a favor de todas las reformas de Peña Nieto, menos la reforma energética. Pero ahora completa su transición conservadora pasando a la defensa abierta de la reforma que cuestionó para mantener el último hilo que lo unía a una identidad progresista.
La reforma lopezobradorista es una oportunidad de fortalecimiento de México en el escenario energético internacional y de sus fuerzas políticas en la vida nacional.