La abrumadora acumulación de triunfos electorales en la disputa de gubernaturas y gobiernos municipales es tal vez la mejor conmemoración, o por lo menos la más gráfica, de la histórica victoria de la izquierda mexicana ocurrida el 1° de julio de 2018.
La reafirmación del apoyo popular al proyecto gobernante es, en todo caso, la confirmación de que han ocurrido transformaciones profundas en la vida social, económica, cultural y política del país.
Enumero algunas de las más relevantes:
1. Cambió la relación entre el poder político y el poder económico. El poder político recuperó la supremacía que le corresponde en tanto poder que dimana del pueblo. El poder económico sigue existiendo e influyendo, pero ya no es el poder que da las instrucciones a los representantes elegidos por el pueblo. El poder económico vuelve a estar subordinado al poder político.
2. El costo económico del poder político se redujo drásticamente. Ya no le cuesta lo mismo al contribuyente sostener los sueldos y prestaciones de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Desaparecieron muchos de los símbolos onerosos de esos dos poderes: pensiones de expresidentes, gastos médicos mayores con cargo al erario, sueldos estratosféricos, bonos a funcionarios y legisladores, avión presidencial, guardias presidenciales, etcétera. Cabe precisar que en el otro poder federal, el Judicial, ha habido avances, pero mucho más modestos. Lo mismo puede decirse de órganos autónomos, así como de gobiernos y legislaturas de los estados: avances iniciales.
3. Cambió la composición del poder político. Los dos partidos que ocuparon 80 por ciento del espacio parlamentario y gubernamental durante 30 años, hoy apenas representan algo más de la tercera parte del primero y menos de la tercera parte del segundo.
4. La aportación del poder económico al fisco se elevó, acercándose mucho a las obligaciones de ley. Éstas no cambiaron, pero al eliminarse numerosas condonaciones y exenciones, las aportaciones netas de los altos contribuyentes aumentaron. Es decir, hay mayor justicia fiscal, se cumple más con el principio de redistribución de la riqueza.
5. El Estado recuperó su capacidad para construir grandes obras públicas. El país tendrá una nueva refinería, aeropuerto, trenes, etcétera, construidos por el Estado, propiedad del Estado y para servicio público después de décadas de ausencia o debilidad en este terreno.
6. Al mismo tiempo, han surgido o se han revitalizado diversas empresas públicas. Hay un Banco de Bienestar, una nueva empresa de ferrocarriles, la CFE recupera poder jurídico perdido, Pemex ha recobrado espacio, se revirtió la privatización parcial del sector salud con la eliminación del seguro popular, entre otros hechos.
7. La protección social a segmentos poblacionales sin seguridad social se expandió a través de políticas universales.
8. Se revitalizó el constitucionalismo social reformador. Este es el primer sexenio, después de 36 años, en que la Constitución no sufre modificaciones para privatizar ramas económicas, servicios públicos o empresas. Ha resurgido el reformista social y el discurso de los derechos sociales.
9. Cambió la relación del Ejército con los civiles y el tema de la seguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas son ahora mucho más respetuosas de los derechos humanos y no forman parte de una estrategia de guerra sino de construcción de paz y tranquilidad social.
10. Cambió la comunicación política. El Poder Ejecutivo se convirtió en un orientador activo de la opinión pública que ejerce activamente el derecho de réplica frente a los grandes medios tradicionales. Es fuente de información y medio de comunicación. La ciudadanía tiene ahora dos grandes referentes para orientar sus opiniones: por un lado, los medios de comunicación y por otro lado, la conferencia mañanera del Presidente.
En lo inmediato, el proyecto que triunfó el 1o de julio de 2018 tiene tres retos: sacar muy bien el Congreso del partido gobernante, seguir reactivando la economía y disminuir la violencia en el país.
El autor es secretario de Gobierno de la CDMX.
