Decir que el Instituto Nacional Electoral (INE) es intocable es una barbaridad que contradice no solo el sentido común, sino hasta la historia misma.
No siempre ha existido el INE. El órgano electoral se ha transformado permanentemente a lo largo del último siglo. El propio INE actual es producto de esos cambios.
En 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye la Junta Empadronadora, las Juntas Computadoras Locales y los Colegios Electorales como organismos encargados de organizar y calificar los procesos de elección del presidente de la República y los integrantes del Congreso de la Unión.
En 1946, el Presidente Manuel Ávila Camacho promulga la Ley Federal Electoral y crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral conformada por el secretario de Gobernación más otro miembro del gabinete, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos con mayor relevancia.
Para 1951, el Congreso de la Unión reforma la Ley Federal Electoral para facultar a la Comisión Federal de Vigilancia Electoral en el arbitraje de registro de nuevos partidos políticos y emitir constancias de mayoría.
En 1973, el Congreso desaparece la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y crea la Comisión Federal Electoral (CFE). En este órgano participan con voz y voto los representantes de todos los partidos políticos con registro.
En 1977 se expide la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales que tuvo como aportación principal el registro de fuerzas políticas excluidas hasta ese entonces. La CFE se integraba por el secretario de Gobernación, un representante de cada una de las cámaras legislativas, un representante de cada partido político con registro y un notario público.
En 1987 se aprueba una reforma constitucional para introducir el criterio de representación proporcional en la conformación de la CFE.
En 1990 es creado el Instituto Federal Electoral (IFE). En su fundación el Consejo General del IFE era presidido por el secretario de Gobernación, e integrado por seis consejeros magistrados propuestos por el presidente de la República y aprobados por dos terceras partes del Congreso de la Unión.
En 1996 se desligó la integración del IFE del Poder Ejecutivo. Y en 2014 el IFE fue sustituido por el Instituto Nacional Electoral (INE) que se conforma por 11 consejeros ciudadanos electos por la Cámara de Diputados.
Como se observa, la historia de las instituciones electorales en nuestro país hasta ahora está marcada por dos factores principales:
De una parte, la lucha del pueblo mexicano por la democracia; y de la otra parte, el aferramiento de los poderes del Estado –gobierno o Cámara de Diputados–, a mantener el control sobre el órgano electoral.
Si bien se logró desligar al órgano electoral de la Secretaría de Gobernación, la nueva composición del órgano pasó a ser decidida por la Cámara de Diputados. Los “ciudadanos especialistas” en realidad enmascaran las cuotas de los grupos que integran el Poder Legislativo.
Y es en estos nuevos vicios donde se encierra el mayor absurdo del modelo electoral mexicano: la conformación de un órgano que aspira a asegurar una democracia efectiva en donde una élite tecnocrática es electa por la élite política, pero en donde el pueblo no es tomado en cuenta.
Es decir, la tutela sobre los órganos electorales no desapareció, sólo se traspasó a la élites legislativas. No hay tal autonomía y ciudadanización. El INE actual es controlado por determinadas fuerzas políticas instaladas en uno de los Poderes del Estado.
La reforma en materia electoral que propone el presidente López Obrador le pega al corazón de los vicios del sistema electoral mexicano y, por primera vez, busca involucrar al pueblo en la elección de los consejeros electorales, lo que implica un avance en los derechos políticos de las y los mexicanos y, ahora sí, autonomización, ciudadanización y democratización del órgano electoral.
El autor es secretario de Gobierno de la CDMX.