El autor es Senador de la República
La defensa del actual Presidente de la República en distintos ámbitos no se debe a su naturaleza carismática, sino al significado histórico y colectivo de su victoria y sus reformas.
Para las fuerzas progresistas, llegar al gobierno no fue resultado de una elección, sino esfuerzo de décadas.
Muchas luchas preceden a esta victoria.
Las de trabajadores, estudiantes, colonos, campesinos y maestros en los años 50, 60, 70, 80 y 90 del siglo pasado y principios de este.
Las batallas electorales sin registro de Ramón Danzós en 1964 y Valentín Campa en 1976; y con registro, de Arnoldo Martínez Verdugo en 1982; las que fueron aplastadas por el fraude electoral, como la de Miguel Henríquez Guzmán en 1952; Salvador Nava en 1961; Alejandro Gascón Mercado en 1975; Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y Andrés Manuel López Obrador en 2006.
Las encabezadas por AMLO en el Éxodo de 1992; contra el desafuero en 2005, contra el fraude en 2006 y en defensa del petróleo en 2008 y 2013.
La del 1o de julio de 2018 es una victoria de mucha gente, de muchas generaciones. De ahí que el gobierno actual sea visto como patrimonio colectivo por los herederos de esas gestas.
Tan solo del 1o de diciembre de 2018 al 1o de diciembre de 2019, el gobierno logró:
-Liberar a los medios de comunicación del control gubernamental.
-Erradicar matanzas, desapariciones y torturas a manos de las fuerzas del orden.
-Reposicionar a México en el escenario mundial.
-Disminuir el costo económico del aparato político; realizar el mayor congelamiento de cuentas bancarias del crimen organizado en la historia; obligar a los grandes consorcios a pagar sus impuestos.
-Frenar la caída de la producción petrolera; acabar con los gasolinazos.
-Controlar la inflación, el endeudamiento y la devaluación de la moneda.
-Aumentar el salario, disminuir la pobreza laboral, incrementar los ingresos del quintil más pobre de la población y repuntar las ventas minoristas.
Del 1o de septiembre de 2018 al 20 de abril del 2020, el Poder Legislativo instituyó:
-Derechos de los maestros; gratuidad de la educación superior.
-Sistema de salud público universal y gratuito.
-Voto directo en los sindicatos.
-Paridad entre mujeres y hombres en los órganos del Estado.
-Reconocimiento de las comunidades afromexicanas.
-Nuevos derechos de adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes.
-Tipificación de corrupción, fraude electoral, robo de combustible y feminicidio como delitos graves.
-Prohibición de la condonación fiscal; equiparación de facturación falsa con crimen organizado.
-Extinción de dominio para casos de corrupción.
-Guardia Nacional.
-Protección del maíz nativo.
El cúmulo de intereses tocados ha despertado una feroz respuesta. La oposición escogió el momento difícil de la pandemia del Covid-19 para lanzar su ofensiva contra la 4a Transformación.
Pero la actuación de la 4T frente a ese desafío deja mucho que desear.
No se siente la presencia de un partido-movimiento saliendo a la defensa de su proyecto. Algunos dirigentes de la primera línea formal se hacen a un lado, se achican frente a la ofensiva, promueven su agenda o hacen suyo el discurso opositor. Otros carecen de mesura en el ejercicio de sus encargos. Algunos más desgastan al movimiento desde los tribunales.
Al cumplirse dos años de la victoria, es indispensable un ejercicio crítico interno que le permita al movimiento reorganizarse para defender su proyecto y caminar a nuevos triunfos.
Para ello necesita un gran trabajo de comunicación política unificada que permita capitalizar los cambios logrados; mantener el bloque de alianzas electorales y legislativas; incorporar a más luchadores sociales; atender las exigencias de las clases populares y de las clases medias; mejorar candidaturas para próximas elecciones con perfiles que tengan no sólo capacidad política sino también principios.
En suma, defender y profundizar la transformación.