Una parte de las declaraciones de los secretarios de Seguridad y Atención Ciudadana, Alfonso Durazo, y del General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, ha sido poco atendida en el análisis de los medios de comunicación. Pero la considero de lo más relevante para explicarnos lo sucedido en Culiacán el jueves pasado y el desenlace dado al final por el gobierno de la República a dicho acontecimiento.
Dijeron que el operativo para capturar al hijo de Joaquín Guzmán Loera, Ovidio Guzmán, fue fallido, deficiente e improvisado. Pero además, el titular de la SSPC aseguró que se realizará una investigación de dicho operativo para castigar a los responsables de tales fallas.
Informó también que no fueron informados a tiempo de la orden de captura que se tenía sobre el hijo de Guzmán Loera.
El comandante Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, reconoció también que se realizó un operativo deficiente en el Sector Tres Ríos de Culiacán, pues no se consideró la magnitud de la reacción de los criminales. Reveló, asimismo, que Guzmán no fue detenido formalmente debido a que los efectivos que participaban en la operación no contaban con una orden de cateo.
En el lugar habían 35 elementos integrantes de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes tras ser atacados comenzaron una refriega en la que los elementos de seguridad fueron superados en número, afirmó.
Ingresaron al domicilio donde estaban cuatro personas entre ellas aquella sobre la que pesaba la orden de aprehensión, pero fueron rodeados.
"Fue un error generado por un personal que se precipitó en su acción", remató el General.
Lo dicho por los dos más altos funcionarios es de lo más relevante y revelador.
No tuvieron a tiempo la información de la orden de captura. Había orden de captura, pero no de cateo. Hubo mandos medios que se precipitaron. El personal que llegó al operativo fue insuficiente. Se investigará y se sancionará a los responsables.
En otras palabras, los más altos mandos de la seguridad no tuvieron la información de manera oportuna para hacer una planeación con el tiempo, magnitud y complejidad que ameritaba la detención del personaje en cuestión.
Los instrumentos judiciales estaban incompletos: había orden de aprehensión, pero no de cateo. Hubo mandos medios que no se esperaron a una planeación central y se "precipitaron", realizando un operativo a medio día y con escaso número de elementos.
Con razón el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana habla de la necesidad de una investigación y de sanciones a los responsables. Éstos pusieron en riesgo muchas vidas, que es lo más grave, pero también pusieron en riesgo la propia estrategia de seguridad, que busca serenar al país para ir disminuyendo la violencia, la sangre y la muerte, dando fin a una guerra inútil.
La frase de Felipe Calderón es exacta para definir su propia estrategia de guerra contra el narco: "Se perderán vidas humanas inocentes, pero valdrá la pena". Y en efecto, se perdieron muchas vidas inocentes...pero no valió la pena. Pasamos de 8 mil ejecuciones al año a más de 27 mil en el sexenio de Calderón. Pero las adicciones no disminuyeron y la economía del narcotráfico, así como la fuerza de combate de los cárteles, quedaron intactas.
Nadie debe extrañarse por las determinaciones tomadas por el gobierno federal: es lo que se ofreció en campaña.
Las decisiones tomadas por el gabinete de seguridad y avaladas por el Presidente de la República, ante el operativo desordenado y fallido, llevan un mensaje inequívoco:
No se equivoquen. Ese operativo fallido no forma parte de la estrategia para la paz. Puede haber estructuras del Estado que quieran tomar acciones por su cuenta para provocar otra vez la guerra. Pero hoy, la estrategia es la paz. No más jóvenes inocentes muertos en fuego cruzado, como en el Tec de Monterrey. No más guerra, no más sangre.