Se acerca el Congreso Nacional de Morena. En medio de una batalla interna, el partido se enfrenta a la disyuntiva de darle un nuevo impulso al proyecto original o a diluirlo en un pragmatismo que ponga freno a su vocación transformadora.
Aún en medio de declaraciones cruzadas, existe una gran oportunidad para Morena. Si se actúa de acuerdo a las normas y la legalidad interna, el Congreso puede ser el acontecimiento en que se de a luz al primer partido que estando en el gobierno se organiza sobre sus propias militancias y no en las estructuras del Estado.
En ese sentido, las declaraciones del Presidente de la República cobran gran importancia. Al llamado que hizo en agosto de cuidar a Morena en el contexto de la preparación de su Tercer Congreso Nacional Ordinario, evitando prácticas indebidas e irregulares como acarreo o compra de votos, se suma ahora la advertencia a los servidores públicos para que no se metan en el proceso interno del partido so pena de ser sancionados.
De hecho, la convocatoria al Congreso, junto con las especificaciones acordadas por los órganos del partido como la CNHJ, dibujan un evento sin servidores públicos.
Ni funcionarios ni legisladores podrán ser delegados al Congreso.
Y es que el delegado al Congreso Nacional es al mismo tiempo congresista estatal, consejero estatal y miembro de la coordinación distrital, instancia esta última considerada como de dirección ejecutiva.
Desde el punto de vista normativo las cosas están hechas para que el Congreso sea el gran espacio de la militancia, de las bases, de los morenistas que no ocupan cargos públicos.
Sin embargo, hay riesgos que deben disiparse rápidamente. Todavía hay muchos compañeros que no han entendido que una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido. Quieren influir en la vida del partido desde la esfera del gobierno. No han cobrado conciencia del daño que podría producir a un proyecto transformador esta confusión.
El funcionario gobierna o administra para todos. No puede ser dirigente del partido. Menos aún el que está a cargo de políticas públicas o programas que suponen el ejercicio de principios de imparcialidad que un dirigente partidario no puede tener.
Estamos a tiempo de que todo salga bien. Eso va a depender de varios factores, principalmente de un gran esfuerzo de autolimitación.
Quienes tienen a su cargo una responsabilidad pública en el actual gobierno deben sentirse orgullosos de una distinción histórica tal y dedicarse en cuerpo y alma a su tarea, sin distraerse en cuestiones partidarias. Quienes tienen a su cargo, por ejemplo, levantar los listados de beneficiarios o derechohabientes de los programas de bienestar social no pueden estar a cargo de los listados de afiliados del partido. No es correcto, no es sano, no es democrático, mezclar una cosa con otra, mezclar partido y gobierno.
Me parece lógico que las tareas de dirección del partido las asuman quienes no fueron electos para algún cargo de elección popular o designados como funcionarios.
Considero además que dichas responsabilidades deben recaer, de preferencia, en la militancia fundadora. Quienes se desprendieron de sus antiguas comodidades para embarcarse en la aventura de formar Morena, careciendo esta de recursos, de registro, de legisladores, demostraron tener más ideales que intereses. Esa militancia fundadora no llegó a Morena con la garantía de un cargo público, llegó cuando no había nada de eso, llegó con la pura convicción.
Los militantes fundadores pasaron además por un proceso formativo para inculcar valores contra el grupismo, contra los intereses materiales desmedidos, contra las viejas formas del quehacer político. Muchos de los que llegaron después, en la parte final del sexenio no vivieron esa experiencia formativa.
Necesitamos, finalmente, una dirigencia dispuesta a la defensa permanente del proyecto de transformación, que entre al debate cotidiano con la derecha.
Como dice Emilio Rabasa: "en los partidos la cohesión está en el principio neto que se sostiene"