El autor es Senador de la República
La reglamentación del uso lúdico del cannabis aprobado por el Senado de la República es un paso hacia los derechos, las libertades y la paz. Sin embargo, en torno a este tema se han hecho afirmaciones falsas.
Se ha dicho que con esta reforma se abre el mercado legal de las drogas en México. Esta afirmación es equivocada. En nuestro país ya hay un mercado legal de diversas sustancias tóxicas adictivas. En él se encuentran algunos medicamentos a los que, más allá de su función terapéutica, se les da un uso social lúdico; también está el tabaco y, por supuesto, el alcohol, que es la droga con el mayor impacto social y económico en nuestro país.
Durante décadas, se creó una imagen social positiva del consumidor de alcohol y se ocultaron los estragos negativos de su ingesta. En contraste, se creó un estigma, se demonizó y se criminalizó al consumidor de marihuana. La pregunta aquí es por qué mientras al aficionado a uno se le presentó como símbolo positivo de la vida social, al afecto a la otra se le trató como delincuente.
Si vamos a las estadísticas, veremos que el uso del alcohol es más fuerte que el de la marihuana. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017, el 71.3 por ciento de la población mexicana entre los 12 y los 65 años ha consumido alcohol alguna vez en su vida, mientras que sólo el 8.6 por ciento de los mexicanos ha probado la cannabis. Sin embargo, el estigma social y moral recae contra los consumidores del cannabis.
Ahora bien, la regulación de la producción y el consumo de esta hierba no implica la desaparición de las políticas públicas implementadas por el Estado mexicano para prevenir y tratar las adicciones, sean estas relativas al tabaco, al alcohol, a la marihuana o a otras sustancias que causen efectos negativos en la salud de la población.
Por lo tanto, seguirá existiendo la necesidad de impulsar políticas públicas de salud para combatir el consumo de alcohol, de tabaco, y ahora de marihuana. Dichas políticas públicas tendrán que seguir luchando contra las adicciones, trátese de la sustancia que sea, así sean los carbohidratos que son los que generan las mayores adicciones de nuestros tiempos. Esas políticas del Estado también tendrán que seguir combatiendo el consumo de las llamadas drogas duras, que es otro capítulo, aún más complejo.
Regular no implica dejar de considerar los efectos negativos en la salud del uso de esta sustancia. Solo significa dejar de criminalizar a los consumidores.
Por otra parte, tienen razón quienes critican cierto sesgo mercantilista, de negocios, en la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y en las reformas aprobadas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. No se debe perder de vista que el objetivo principal de estas enmiendas es ponderar los derechos, las libertades, el desarrollo libre de la personalidad. Así lo mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Es decir, no es la generación de una nueva industria lo principal, sino el avance en los derechos de las personas y el fin de la criminalización. La revisión anual de dichas legislaciones tendrá que evaluar si se impusieron las tendencias mercantilistas o las de reivindicación de derechos.
En otro orden de preocupaciones, es un hecho probado que las políticas prohibicionistas generan más problemas que soluciones. Por ejemplo, la Ley Seca, vigente en los Estados Unidos de 1920 a 1933, no solo no disminuyó el consumo de alcohol, sino que generó otros fenómenos negativos como la corrupción, la creación de un mercado negro, el crecimiento de los índices delictivos y, particularmente, la violencia.
México busca dejar atrás una etapa marcada por la violencia y la corrupción para insertarse en una época de libertades, honestidad, respeto a los derechos y paz. La nueva legislación puede ayudar a ello.