Alrededor del debate sobre la Guardia Nacional se construyeron un conjunto de escaramuzas ideológicas para posicionar disputas de orden político. Fundamentalmente se quiso dibujar la idea de que el presidente quería militarizar la seguridad pública y que frente a eso se logró imponerle una propuesta diferente, de carácter civil.
Es verdad que el Senado se abrió a la participación de muchas voces de la sociedad, también es cierto que diversos términos y conceptos fueron precisados y mejorados. Asimismo, es correcto afirmar que propuestas de la oposición fueron retomadas y que se afinaron plazos de las transiciones institucionales. Pero debe reconocerse que el resultado final fue el que avaló el gobierno de la República. En otras palabras, la reforma aprobada por el Senado es, en esencia, la que pidió el presidente de la República.
En una mesa de negociación sui géneris, el grupo parlamentario mayoritario, Morena, hizo las veces de bisagra entre las propuestas de la oposición y los límites que puso el gobierno federal. Cada propuesta de la oposición se presentó a los funcionarios enviados por el gobierno, y estos a su vez aceptaron todas las modificaciones que no alteraran la esencia del proyecto presidencial.
Al final, el consenso anunciado el jueves por la mañana fue un acuerdo entre todas las bancadas del Senado, y entre el Senado y el gobierno federal.
Considerando las opiniones positivas de líderes de opinión pública, organizaciones de la sociedad civil, la unanimidad en el órgano legislativo, el respaldo de los funcionarios del gobierno y al final el aval del propio presidente de la República, podemos observar un consenso pleno, interno y externo alrededor de la reforma.
Pero... ¿qué dice?
Para empezar recoge dos grandes temas: el carácter civil de la Guardia y el compromiso con los derechos humanos.
En el artículo 21 de la Constitución dice: "La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional..."
Además, en ese mismo artículo se establece: "La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género".
Esto quiere decir que la Guardia Nacional está obligada a respetar los derechos humanos y que su perspectiva es la de convertirse en un cuerpo de carácter civil.
Sin embargo, los artículos transitorios son sumamente claros en cuanto a los rasgos inmediatos de la Guardia y al contenido de la transición.
El transitorio segundo señala: "La Guardia Nacional se constituirá... con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el presidente de la República".
Ese mismo transitorio señala: "...el Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las Secretarías del ramo de Seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina".
El quinto transitorio señala por su parte: "Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria".
Y finalmente, el sexto transitorio establece: "...para la conformación y funcionamiento de la Guardia Nacional, las Secretarías de los ramos de Defensa y de Marina participarán... para el establecimiento de su estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina..." .
En otras palabras, aquí está descrita la propuesta original del presidente.