En el año 2004 se desplegó una gran campaña propagandística contra los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Voceros del régimen los acusaban de ser unos privilegiados, pues mientras el salario mínimo de aquel entonces apenas rebasaba los mil pesos, ellos ganaban hasta 7 mil pesos al mes.
Años después, en 2009, se repitió la andanada, pero multiplicada al cubo. Esta vez contra los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Se les acusaba también de ser privilegiados por tener salarios de 7 mil pesos, superiores al resto de trabajadores y de contar con un amplio contrato colectivo de trabajo, al que se señalaba como causante de la quiebra de dicha empresa paraestatal.
Esas campañas, opresivas hasta la estigmatización de su objeto de persecución, se instalaban en el dogma neoliberal, según el cual el trabajador debe ganar un ingreso reducido, restringido.
La denuncia de supuestos privilegios de los trabajadores se presentaba con la envoltura ideológica de la igualdad. Se afirmaba que era inadmisible que mientras unos trabajadores ganaban mil 500 pesos al mes, otros cobraran hasta 7 mil en el mismo lapso.
En efecto, se buscaba igualar. Pero igualar hacia abajo, igualar en la miseria, no hacia arriba, no para mejorar. Bajo esa óptica, todos los trabajadores deberían ganar lo mismo, pero poco.
El debate cuestionó dicha visión y evidenció que los privilegiados no eran esos trabajadores que con arduos esfuerzos habían logrado algunos avances en sus condiciones materiales de trabajo y de vida.
Los verdaderos privilegiados estaban en otra parte. Escondidos, invisibilizados, protegidos, altos funcionarios en la cúspide del poder político ostentaban salarios de 200 mil, 300 mil, 500 mil y hasta 650 mil pesos mensuales.
Develar esta realidad, alumbrarla, permitió ubicar el privilegio al amparo del poder del Estado y financiado con el recurso público. Eso evidenció que mientras se contenían los salarios de los trabajadores aumentaban sin cesar los elevados ingresos de los altos mandos.
Terminar con esos privilegios se convirtió en reclamo social y más tarde en oferta política.
Así, hace siete años se aprobó en la Cámara de Senadores la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, también conocida como Ley del Salario Máximo.
Todo ese tiempo estuvo guardada en la Cámara de Diputados hasta que ahora la nueva mayoría la sacó de la congeladora y la aprobó. Esto sucedió al tiempo que el presidente electo informó que su salario será la mitad del que ha ostentado el presidente saliente, es decir, 108 mil pesos mensuales, avalando además la aprobación de la mencionada ley por el Congreso.
De esta forma, en la práctica se ha anunciado que ningún funcionario de los tres poderes de la Unión y de los órganos autónomos podrá ganar más de 108 mil pesos.
Esto ha provocado, léase bien, que los mismos que denunciaban como privilegiados a los que ganaban 7 mil pesos al mes, defiendan ahora a los que ganan 300 mil pesos en el mismo lapso.
Sí, los mismos, los mismos opinadores e intelectuales que afirmaban que los altos sueldos de algunos sectores de trabajadores quebraban a instituciones y empresas del Estado, ahora, esos mismos, afirman que el Estado no puede vivir sin la élite que gana sueldos estratosféricos.
Es el mundo al revés, no cabe duda. El privilegiado es el que gana 7 mil pesos, no el que gana más de 300 mil pesos. El que presiona las finanzas públicas es el que gana 7 mil pesos, no el que gana más de 300 mil pesos. El que gana 7 mil pesos podría sobrevivir con 2 mil pesos, pero el que gana 300 mil no podría sobrevivir con 100 mil pesos.
Es el mundo al revés. Es una visión que desprecia la dignidad del trabajador al considerar que puede vivir con cualquier cosa y diviniza a una élite dorada del Estado que no puede sacrificar ningún privilegio.
Dos caras del dogma neoliberal: para que México sea competitivo el trabajador debe ganar poco y el alto funcionario una fortuna. Qué bueno que el cambio ya empezó.