En artículo recientes destaqué que los procesos puestos en marcha durante los primeros 100 días por el gobierno de Biden para enfrentar la pandemia, aliviar sus daños económicos y sociales, reactivar los mercados de bienes y servicios y promover inversiones productivas, en infraestructura, desarrollo humano y tecnológico no tienen parangón; incluso superan a los que Roosevelt implementó para generar empleos masivos, con un enfoque regional y de largo plazo.
El monto acumulado de los programas: más de 4 mil trillones de dólares –es decir 4 mil millones de millones de dólares en términos nuestros– está involucrando una gran negociación en el Congreso federal en las esferas estatales y locales y una reingeniería fiscal y financiera a una escala sin precedentes. Se eleva la tasa del ISR a las empresas a 28 por ciento -un nivel a medio camino entre las tasas prevalecientes en los años de Obama y de Trump
Ante los cambios contundentes en EU, México no debe entramparse en viejos axiomas y políticas.
Ciertamente la inercia de nuestro vecino se traducirá en mayor demanda de nuestros productos y servicios; y de mano de obra mexicana, así como aumentos en los montos de remesas. Los pronósticos oficiales al alza del PIB 2021 ya lo están reflejando.
Sin embargo, para que el potencial de demanda cristalice en verdaderos impactos positivos de mediano plazo, urge que México reactive y reoriente a la brevedad posible la política económica doméstica y, al mismo tiempo la exterior, y fortalezca las instituciones y mecanismos conducentes del gobierno, el sector privado, los sindicatos y la sociedad civil. Gobierno y empresas tienen la oportunidad de revisar estrategias productivas y acordar una política industrial con criterios competitivos de generación de empleo, energéticos y ambientales. México debe hacer un redoblado esfuerzo también para reforzar -como lo están haciendo muchos países- su seguridad sanitaria, alimentaria y ambiental con una perspectiva geopolítica que integre la locomotora del norte y el mayor peso del Pacifico en las relaciones económicas internacionales.
Ello exigirá repensar a América del Norte y fortalecer los mecanismos de integración económica, social y de seguridad, más allá del TMEC y las tradicionales instancias de coordinación y cooperación. La pandemia ha confirmado que necesitamos establecer políticas convergentes en materia de salud, educación, medio ambiente y protección social con Estados Unidos y Canadá y avanzar hacia una integración económica, social, y de infraestructura física entre los tres países, comenzando por las zonas fronterizas entre México y EU, donde el contraste es evidente.
Tras la firma del TLCAN en 1994 con Carlos Salinas, los tres países exploraron, durante la presidencia de Ernesto Zedillo, la viabilidad de un programa regional de inversiones en infraestructura física de Alaska al Suchiate. Gobiernos, académicos y empresarios de los tres países participamos en reuniones de alto nivel que examinaron incluso la necesidad de coordinar políticas sociales. Lamentablemente, la idea de una mayor integración y cooperación entre los tres países decayó durante el periodo de Bush por tres razones principales:
1ª China se unió a la OMC en 2001 y, a partir de esa fecha, sus exportaciones a EU, Canadá y México crecieron tan rápido, que ya para 2007 había superado a nuestro país como el segundo exportador a EU.
2ª El ataque a las Torres Gemelas del 9/11 desató múltiples obstáculos y medidas de seguridad al flujo de personas, transporte de bienes y servicios entre los tres países.
3ª Declinó la construcción de infraestructura en los tres países y en las zonas fronterizas.
El reciente estudio realizado por la Sociedad de Ingenieros Civiles de EU muestra que el deterioro de la infraestructura ha sido enorme en este siglo. No hay estudios equivalentes sobre México –como lo subrayé en un artículo anterior (21 de marzo)– pero cifras de la caída en inversiones no dejan lugar a dudas de que la brecha de infraestructura ha crecido y seguirá creciendo a una velocidad mayor en México que en EU.
El NADBANK creado a partir del TLCAN para impulsar inversiones en infraestructura física y social a lo largo de la frontera entre México y EU ha contado tradicionalmente con muy escasos recursos.
Ha llegado la hora de proponer a Biden y Trudeau reanudar la exploración de esa red imaginada –al estilo europeo o asiático– para fortalecer América del Norte y promover el desarrollo regional de los tres países y eventualmente de Centroamérica. México lo planteó de manera limitada hace dos años; pero Trump le cerró la puerta en las narices; prefirió amenazar a México con sobretasas de aranceles si no empleábamos a la Guardia Nacional para frenar las caravanas de migrantes centroamericanos.
Los programas ‘rooseveltianos’ de EU constituyen una verdadera oportunidad para México. Todo dependerá de que en los próximos ocho años México duplique o triplique sus inversiones en infraestructura y producción sustentable, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos. Si no lo hace habrá perdido la gran oportunidad de convertir a la cuarta transformación en una eficaz palanca del desarrollo y de la generación de empleos en México.
En estudio reciente para la fundación Friedrich Ebert destacó que los proyectos de inversión pública mexicana de comunicaciones y transportes entre el Pacífico y el Golfo de México en el istmo de Tehuantepec resultan cruciales, en particular a la luz de la saturación y accidentes en los canales de Suez y Panamá y otros estrechos marítimos –que crecientemente están mostrando las vulnerabilidades de la actual infraestructura marítima global–. Proyectos privados de comunicaciones y transportes se están realizando o se han planeado para el resto del territorio nacional y para EU y Canadá (tras de las fusiones entre las empresas ferroviarias Kansas Missouri Pacific y Trans Canadá) que van también en esa dirección y deberían incorporarse a un programa integral regional que mire al desarrollo de México norte-sur y hacia los dos océanos.
El proyecto transístmico es un megaproyectos del gobierno de AMLO que hace mucho sentido para nuestra fortaleza geopolítica y que se ha quedado rezagado, a pesar de la disponibilidad de todos los estudios realizados para el impulso de las zonas especiales del sur-sureste. Sería importante asignarle recursos sustancialmente mayores y no restárselos como algunos sugieren, buscando el mayor contenido nacional posible en su ejecución y operación.
Asimismo, existen condiciones objetivas para que prospere la iniciativa de este gobierno de reactivar un programa de trabajadores migrantes mexicanos y centroamericanos, bajo bases legales y organización institucional. Con Canadá ya lo tenemos, aunque extremadamente modesto. EU, con una sociedad que envejece rápidamente y gigantescos proyectos de construcción, van a necesitar grandes cantidades de trabajadores en la próxima década. El gobierno de Biden debe explicitar esa demanda a su’“buen vecino’ y a Centroamérica y satisfacerla por cauces legales.
Las elecciones mexicanas de junio y una nueva visión fiscal y financiera para la segunda mitad del sexenio, con reformas cruciales y un renovado impulso de la banca de desarrollo y la banca privada, podrían constituir la plataforma para un ambicioso programa de inversión pública en infraestructura y empleo, complementado por inversión privada productiva. La ventana de oportunidad está abierta. Aprovechémosla.