Según reciente encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del Inegi (Instituto Nacional de Estadística,Geografía e Informática) los principales problemas que preocupan a la población mexicana son los siguientes: inseguridad (violencia y delincuencia) 70%, desempleo 51%, corrupción 49%, pobreza 39%, mal desempeño del gobierno 31%, salud 18%, educación 14%, mala aplicación de la ley (injusticia-impunidad) 8%.
Esas observaciones y otras mas de carácter político, económico, social e internacional, han llevado a grupos de intelectuales, empresarios y miembros de la sociedad civil a hacer propuestas diversas dirigidas a combatir la violencia y la inseguridad, la corrupción y la impunidad, a exigir un efectivo estado de derecho, a mejorar y universalizar los servicios de educación y salud; a dejar atrás el estancamiento económico, la pobreza y la desigualdad de las ultimas décadas y recuperar el crecimiento, la inversión y la generación de empleos y salarios dignos y a hacer muchos otros planteamientos generales más de buen gobierno y políticas públicas.
Lo que ha faltado son dos elementos cruciales: propuestas concretas ante los retos concretos de la sociedad y su discusión por parte de los partidos políticos, y candidatos, concentrados hasta hace poco en echarse lodo y en plantear cuestiones y aspiraciones generales con escasa concreción y compromiso político. Veremos si la etapa de campaña que se inicia esta semana y concluye en junio nos depara un efectivo avance en la discusión de los desafíos sustantivos y las opciones de solución. Los tres debates programados serán una oportunidad.
El Centro Tepoztlán Víctor Urquidi AC, foro de pensamiento estratégico independiente e interdisciplinario, creado hace casi 40 años para reflexionar sobre el futuro de México en el entorno global, con una perspectiva de mediano y largo plazo, se ha dedicado durante los últimos dos años a formular y consultar entre asociados y especialistas invitados de muy diversas posiciones políticas e ideológicas una propuesta novedosa de futuro para México.
El informe, de próxima aparición, titulado México Próspero, Equitativo e Incluyente: Construyendo Futuros, que ha contado con el apoyo de El Colegio de México y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, reúne e integra las aportaciones de tres docenas de mexicanos: académicos, consultores y ex funcionarios públicos con experiencia en los cuatro grandes temas que abarca: política y gobierno, la cuestión social, economía y política exterior. En cada uno de los temas solicitamos a los participantes identificar 5 grandes desafíos y 5 propuestas para combatirlos y superarlos.
En mi columna del marzo presenté algunas de las propuestas económicas básicas. Hoy quisiera compartir algunos de los retos y propuestas en lo social,. El Informe propone buscar una sociedad justa y participativa de seres humanos con dignidad, a partir de una nueva política social integral con enfoque en los derechos humanos establecidos en la Constitución, en el maco de un proceso renovado de crecimiento sostenido de largo plazo.
Hoy en México el gasto social es muy bajo como porcentaje del PIB frente al resto de los países de la OECD y los países de Latinoamérica, con gran dispersión en las intervenciones.
La falta de articulación de los programas tipo Oportunidades-Prospera para el alivio de la pobreza conlleva desperdicio de recursos, duplicaciones a nivel federal y estatal y limitado impacto en los niveles y calidad de vida de las personas. Los programas son asumidos frecuentemente como patrimonio de quienes los operan y los ponen al servicio clientelar de los procesos electorales.
El cuestionamiento de fondo a la política social vigente se refiere a la pertinencia de las intervenciones actuales, la forma en que se llevan a la población, así como la organización estatal correspondiente.
El informe propone reformar la reforma educativa para lograr transformaciones de fondo en la manera en que profesores y alumnos adquieren conocimientos y habilidades , incrementar el gasto educativo, superar los rezagos existentes y cumplir de manera efectiva con el derecho a la educación de calidad desde el jardín de niños hasta el nivel de bachillerato, superando la actual desigualdad en el acceso a la educación y a la capacitación a lo largo de la vida.
Se subraya también la necesidad de universalizar de manera efectiva el derecho a la salud. No basta con incrementar el acceso a los potenciales usuarios. Se requiere aumentar significativamente los recursos a las instituciones para fortalecer su capacidad de proveer oportuna y eficazmente los servicios demandados .
Existen necesidades crecientes en la nueva sociedad mexicana de atención a los niños, discapacitados y a una población cada vez más longeva a través de mecanismos novedosos y participativos.
Es preciso reforzar la libertad de negociación y organización colectiva de trabajadores, sobre todo en sectores donde la automatización avanza con rapidez y el declive de la participación salarial ha sido más acentuado. Necesitamos adoptar un sistema de protección social universal para enfrentar los avances tecnológicos, limitando los costos.
El empleo asalariado ha dejado de ser la tendencia predominante. Los puestos de trabajo en las empresas se han vuelto más volátiles ante el continuo reacomodo de las organizaciones y la rápida obsolescencia del conocimiento.
Aparecen nuevas formas de contratación y empleo. La frontera entre el autoempleo y el empleo dependiente se diluye y el empleo de por vida está dejando de existir.
Es indispensable repensar el contrato social a fin de aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas formas de empleo, garantizando protección social a los trabajadores.
El empleo y el salario desempeñan un papel crucial en una estrategia de desarrollo incluyente. El empleo no puede seguir siendo un subproducto de un modelo de crecimiento altamente dependiente de la demanda externa, atado al eslabón más vulnerable de las cadenas globales de producción manufacturera.
Se requiere reaccionar ante los grandes cambios tecnológicos que están ocurriendo en el mundo del trabajo y los que se prevén para el futuro, con el fin de garantizar ocupación suficiente y salarios justos.
Urge revertir la caída de los salarios y la severa declinación del salario mínimo de las últimas dos décadas para cumplir con el mandato constitucional y a la vez fungir como un piso efectivo de la estructura salarial. Ello significa establecer metas de corto plazo para cubrir el costo de la canasta básica y dar un seguimiento de su idoneidad respecto a la estructura salarial del país. La ampliación de la disparidad actual alimenta la desigualdad en la distribución personal del ingreso.
Los salarios deben estar efectivamente ligados a los incrementos de la productividad a fin de que la mayor prosperidad sea equitativamente distribuida.
Ante todo, el informe recomienda dejar de utilizar el salario como la variable clave del ajuste macroeconómico durante las eventuales crisis y principal instrumento de contención inflacionaria.
Es necesario avanzar hacia un régimen de seguridad social universal. Dado el esfuerzo fiscal requerido, debe integrarse a una estrategia articulada a una reforma hacendaria que permita la transición de los múltiples enfoques residuales y programas, a un esquema de derechos básicos exigibles y racionalidad institucional. En tanto se logra poner en marcha esta reforma se propone incorporar a los trabajadores domésticos al actual régimen obligatorio de seguridad social. Paralelamente se recomienda intensificar programas de inspección para incorporar al trabajo formal a los trabajadores que hoy laboran en empresas sin estar registrados en la seguridad social.
Como opción se propone examinar la viabilidad de un ingreso básico universal. Ello demandaría recursos cuantiosos y un programa piloto para su implementación. Algunos recursos podrían provenir de la reorientación del enorme gasto indebido en publicidad gubernamental y otros conceptos no justificados.
Consideramos urgente la reforma de la institucionalidad social para poder realizar una estrategia que eleve la profesionalización de los servidores públicos y la participación de la ciudadanía en todo el ciclo de diseño, puesta en marcha, evaluación y control de las políticas públicas.