El año que inicia, por múltiples coincidencias, apunta a ser un periodo de grandes desafíos en materia de propiedad intelectual. Muchos de los temas que, por muchos meses o incluso años, se han venido gestando, deberán desencadenarse y tomar forma definitiva en este 2020.
El primero de ellos y que claramente se mira como de alto impacto para la materia, es la llegada de leyes nuevas, tanto en materia de propiedad industrial como en derechos de autor. En el primer caso, la iniciativa ya está presentada al Senado por lo que presumiblemente podría ver la luz en el primer semestre del año. En el segundo, el proyecto está apenas en gestación, pero hacia finales del año esperamos contar ya con una versión final. En ambos casos se trata de leyes que tienen larga vida en nuestro sistema, la primera desde 1991 y la segunda desde 1997, por lo que su renovación resultaba inaplazable.
En la misma línea, e incluso en un punto más avanzado, se ubica la nueva legislación para proteger los derechos colectivos de propiedad intelectual de los pueblos y las comunidades indígenas, que por décadas había sido diferida. Ya el Senado aprobó el proyecto, y sólo restaría que los diputados lo hagan, para finalmente contar en el país con el marco normativo para el reconocimiento y tutela de las otrora denominadas 'expresiones de folclore'. En este caso no sólo era urgente dar este paso, sino que la omisión alcanzaba ya el calificativo de 'deuda histórica' con la creatividad y los elementos de identidad cultural de los grupos étnicos del país.
El otro gran reto en materia legislativa está dado por la inminencia de la aprobación de los tres tratados firmados por México que podrían entrar en vigor en este año, y que contienen, cada uno, sendos capítulos de propiedad intelectual. Desde luego la lista la encabeza el T-MEC, pero no menos influyentes en esta materia son el denominado TPP-11 y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Una de las encrucijadas que habrá que resolver es la interfase entre lo pactado en los acuerdos y la aparición de la nueva ley, de manera que no se requiera hacer ajustes a ésta, apenas iniciando su vigencia.
Las otras grandes interrogantes que en este año deberemos responder, apuntan más al terreno de la aplicación y la mejora en la eficiencia del sistema en su conjunto. El área más sensible, me parece, la del combate a la piratería, que por nexos naturales está estrechamente vinculada al territorio de la economía informal. A pesar de que, tanto el IMPI como la FGR han seguido realizando aseguramientos y destrucción de mercancía apócrifa, sigue faltando un claro liderazgo desde la Secretaría de Economía, en combinación con los sectores formales más afectados por la falsificación y el contrabando. La aparición de un esfuerzo común en este campo, con la forma de programa oficial, mandaría un buen mensaje del compromiso asumido para combatir y reorientar las prácticas desleales de comercio que por años han parasitado nuestra economía.
Al propio tiempo, el periodo servirá para verificar que los nuevos titulares del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, del Instituto Nacional del Derecho de Autor y de la Unidad Antipiratería de la Fiscalía General, a un año de su llegada, empiezan a consolidar las buenas ideas que han planteado para mejorar el sistema.