La iniciativa para promulgar una nueva ley de cinematografía y audiovisuales refleja de manera notable la dicotomía que suele plantearse respecto del fin perseguido por la legislación, esto es, si debe limitarse a regular lo que el propio mercado exige para su satisfacción, o si corresponde al Estado impulsar principios culturales autoproclamados como valiosos. En estos tiempos, por razones de sobra conocidas, el asunto adquiere especial relevancia.
La iniciativa para promulgar una nueva Ley Federal de Cinematografía y Audiovisual retoma proyectos previos y agrega algunos ajustes para comprender los nuevos formatos digitales. La primera pregunta surge, precisamente, de esta intención por regular los contenidos de las plataformas digitales del tipo de Netflix, Amazon y Disney, que a partir de la pandemia se han posicionado en primeros lugares de los tiempos de pantalla que los usuarios dedican cada día a los diferentes contenidos disponibles. Por diversas razones, existe una incompatibilidad notable en pretender incluir, en una misma ley, la regulación del contenido y la del medio que lo difunde. Como resultado de la propuesta, quedan ahora comprendidas en el objeto de regulación las llamadas series y miniseries, generando como pregunta inevitable por qué el Estado expresa esta pulsión por regular estos medios, que no son, como en otros casos, concesiones a particulares. Con estas premisas, violaciones a compromisos asumidos en TMEC y OMC se hacen factibles.
Una de las novedades más destacadas es la inclusión de “las audiencias” como sujetos titulares de derechos culturales, cuyas prerrogativas son expresamente listadas en la ley, debiéndose garantizar su observancia. A la par, la ley promueve la multiculturalidad y perspectiva de género en los contenidos cinematográficos y audiovisuales, así como los que corresponden a personas con discapacidad, infancia, comunidad LGBT, pueblos indígenas y afromexicanos.
Unos de los puntos de mayor debate es el porcentaje de exhibición de películas nacionales en salas cinematográficas, que se incrementa de 10 a 15 por ciento, obligando, además, a que los estrenos se mantengan por un mínimo de siete días en horarios estelares. De forma correlativa, las plataformas deben ofrecer un mínimo de producciones mexicanas en su catálogo, desafiando abiertamente las fórmulas de mercados internacionales que regulan las decisiones de mercadotecnia de este tipo de empresas.
Un factor a considerar en cualquier discusión sobre estas industrias son los cambios que el propio consumidor ha definido a partir de nuevos hábitos y tecnologías. Estas consideraciones conducen a plantear la necesidad de que todas las voces sean escuchadas, en un ejercicio de Parlamento abierto que se impone como indispensable. Pretender imponer criterios en un tema de esta sensibilidad sería negar la propia pluralidad que el cine profesa como su naturaleza. De momento, el proyecto quedó en pausa en espera de la reanudación de sesiones en el Congreso, pero es este el tiempo que se puede aprovechar para abrir las reglas del juego a las opiniones de los jugadores.
Nadie niega, ni remotamente, la gran calidad del cine mexicano y del lugar que en el mundo ha logrado con base en sus propias fuerzas. A veces, dar muletas al que puede andar por sí solo es restarle méritos y potencial. Más bien, veamos de no limitar las opciones para que los productores obtengan los necesarios financiamientos que en esta cadena de valor se requieren para que la semilla germine. Lo demás, que el respetable público lo decida.