El sistema se construyó sobre la certeza de que un presidente de la República que tuviera la facultad de designar ternas para ministros de la Corte elegiría destacados juristas para ocupar el máximo estamento del Derecho en el país. El sistema se diseñó bajo la convicción de que la pluralidad de un Congreso federal aseguraría una representación justa de mayorías y minorías, y de una independencia que les permite pedir cuentas a los altos funcionarios del Ejecutivo. El sistema se perfeccionó con la deliberación desarrollada a lo largo de varias décadas, que desembocó en la creación de una amplia base constitucional para la generación de burocracias profesionales, como contrapesos al poder presidencial organizados bajo el formato de ‘órganos autónomos’ eficientes, imparciales y transparentes.
El sistema se estructuró asumiendo que el sólido equilibrio de poderes podría resistir el desequilibrio de un político de perfil autoritario, de gestos mesiánicos y decisiones atropelladas. En esa percepción, el sistema se equivocó, dejó un margen de error, una puerta abierta al populismo más delirante. Basados en la secuencia histórica de presidentes institucionales aunque erráticos, corrompibles, aunque funcionales, el modelo se ha sostenido bajo los ejes de las elocuentes certezas de sus instituciones. Hoy, asistimos a la destrucción de las certezas que construimos suponiendo que la barbarie jamás atentaría contra un sistema robusto y predecible.
La reforma al poder judicial federal que impone el presidente, con un Congreso sumiso y vergonzoso, justificada bajo la retórica de ‘la transformación’, destruye el modelo como lo conocemos para rodar hacia un escenario inédito y perturbador. Los cambios presupuestados no hacen sino fracturar el esqueleto mismo del sistema jurídico mexicano, hasta el punto de su extinción. El punto de no retorno es el de una acumulación tal de poder en el titular del Ejecutivo, que cada habitante de este país estará de modo permanente ante la posibilidad de ser atropellado en sus derechos de manera selectiva, y el éxito de su defensa dependerá solo de su cercanía con el poder. Las otras certezas destruidas pasan por la vida de miles de personas que han dedicado su vida entera a la noble tarea de trabajar en la administración de justicia, construyendo un proyecto de vida basado en el estudio y el servicio a los demás.
La certeza ‘mínima’ que requiere la inversión —no solo de grandes capitales—, queda erosionada de tal manera que veremos la contracción de los mercados en forma inmediata y apremiante. Simples matemáticas, la inversión detesta el riesgo.
Por años, los abogados decíamos a los justiciados que los asuntos ‘se arreglaban’ en el amparo, confiando en la pericia, neutralidad y calidad de los tribunales federales, que a pesar de todas las críticas han representado un bastión de seguridad para el sistema. Esa estabilidad se destruye para dar paso a esta caricatura con disfraz de democracia.
Creo que hoy AMLO, asustado de su propia capacidad destructora, llama a la calma apelando al hecho de que “ellos no son extremistas”. Demasiado tarde, a la agresión brutal no seguirá la calma. Es este el día más triste en la historia de la República, el día más aciago, el insospechado. Hoy despertamos y México no está.