Consumada la primera parte de la puesta en escena de la reforma al Poder Judicial federal por vía de la grotesca tómbola en el Senado, dudo que exista un solo jurista en México que no se sienta indignado ante tal afrenta. No se trata ya, siquiera, de un tema de fondo respecto de la injustificable reforma, sino de la forma indigna, burda, lastimosa, de despedir a servidores públicos de altísimo nivel como si fuesen ‘materia desechable’.
Pueden seguir señalándonos como ‘conservadores’ o cualquiera de los otros epítetos con los que han denostado a nuestra profesión a lo largo de estos años, pero en el fondo saben que más allá de las diferencias ideológicas hay límites de cortesía, ética y respeto que no se deben traspasar. No sólo han desbordado todas las fronteras imaginables, sino que han sumido al país en una de sus etapas más oscuras. ¿No lo creen?
Con el desacato que diversos funcionarios del Poder Ejecutivo están adoptando respecto de suspensiones dictadas por jueces se abre una crisis constitucional de proporciones inimaginables. A partir de estos ‘ejemplos’, cualquier autoridad en el futuro podrá incumplir mandatos judiciales una vez que han sido convertidos en materia ‘opinable’. ¿De verdad hay siquiera un atisbo de realidad de lo que significa ignorar el imperio de la ley en una sociedad compleja?
La derogación ‘de facto’ del juicio de amparo hace que el medio de control del actuar de las autoridades sea eliminado, de modo que los destinatarios de la supervisión constitucional son ahora los que deciden quién decide. Así de grande es la paradoja. Así de descomunal el despropósito. A partir de la llegada de la jauría de nuevos jueces, el autoritarismo no tendrá cortapisas.
¿Alguien que no sea una empresa ‘amiga’ del régimen se atreverá a invertir en una obra sin saber si al final será pagada? ¿Alguna empresa se atreverá a desafiar un crédito fiscal a partir de la nueva realidad judicial? La erosión que sufrimos todos los gobernados al eliminar la necesidad de la carrera judicial como requisito para ser juzgador federal es conculcatoria, por sí misma, de nuestro derecho de acceso a una justicia pronta y de calidad. Los costos en términos de contracción de la inversión en un clima de inseguridad jurídica son incalculables, pero todo indica que es inevitable que esa secuela se genere en el corto plazo.
En 35 años en los que diariamente he tratado con jueces, magistrados, ministros y personal del Poder Judicial federal he enfrentado toda clase de situaciones y recibido sentencias a favor y en contra, la mayor parte legales y técnicamente depuradas. Sin embargo, una cosa puedo decir con certeza: siempre que ingresé a un tribunal federal percibí una seguridad plena de que en ese foro podría legítimamente pedir la aplicación irrestricta de la ley para aquellos a los que representé, y tener del otro lado a un juzgador con experiencia, neutralidad y especialización dispuesto a escuchar. Siempre, aun polemizando radicalmente con un juez, he recibido un trato digno, en un ambiente de respeto a la ley.
Quiero hoy, desde esta humilde tribuna, agradecer a todos los jueces que están sufriendo esta injusticia, honrarlos y darles las gracias por su trabajo honesto, disciplinado, persistente y esmerado a favor de México.