La llegada de Santiago Nieto al IMPI ha traído una refrescante visión hacia la institución y su misión básica, conformada por la necesidad de otorgar y hacer valer patentes, registros de marca e Indicaciones Geográficas con celeridad y alta calidad jurídica. Las consecuencias inmediatas que derivan del cumplimiento de ese objetivo son múltiples y muy positivas, pero, la principal, será contar con un sistema robusto de propiedad intelectual que genere la riqueza que los activos intelectuales aportan en un mercado que paga por ellos en todas sus formas.
El diagnóstico que Santiago Nieto tiene ya en su poder, y que compartió con los profesionales que representan a muchos de los usuarios del sistema (Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual), es tan preciso como extenso en sus fuentes y conclusiones. Son múltiples las áreas a mejorar, y desafiantes los resultados que se deben obtener, pero tener claro dónde estamos y a dónde queremos ir parece el inicio indispensable de cualquier plan. Entre los elementos que fundamentan el análisis, el diagnóstico da cuenta del Índice Mundial de Innovación en el que México ocupa el lugar 56. Por numerosas razones, nuestro país debe destrabar los nudos que han impedido que el crecimiento de su innovación nos aproxime al lugar que ocupamos entre las 15 principales economías del mundo. Por lo que hace a la llamada ‘sección 301′, emitida por el gobierno estadounidense, nuestra inclusión como país que no respeta derechos de propiedad intelectual debe ser superada, mostrando cambios sustanciales en la forma de enfrentar la competencia desleal y la piratería. Desde ahora, hay que reconocerlo, tomar en cuenta opiniones de entidades del extranjero que ofrecen datos duros sobre el mapa mundial de la propiedad intelectual es un cambio medular en la construcción de política pública orientada a la mejora del sistema.
En la nueva visión que Nieto está imprimiendo al IMPI, destaca la necesidad de incrementar el número de solicitudes de patente de origen nacional, no por simplemente ‘mejorar cifras’, sino comprendiendo que la protección jurídica de la innovación es el paso más pragmático y confiable en la construcción de empresas de base tecnológica y de bienestar para los consumidores destinatarios de los nuevos productos. Pongamos un ejemplo, si México no desarrolla para sí mismo una solución para el dengue, difícilmente alguien más lo hará.
Otro aspecto relevante es la urgencia de provocar vinculación en todas las piezas del ecosistema de innovación del país. Un Sistema Nacional de Investigadores que no se hable con el IMPI no hace sentido, ni un circuito de universidades públicas y privadas que no colabore con soluciones industriales para las empresas. También es necesario que, entre dependencias públicas, exista una coordinación eficiente bajo la doble directriz de la Secretaría de Economía, por una parte, y la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología por la otra. Piezas como la FGR, Aduanas y el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas deben ser sumadas como parte relevante de tablero.
Sin duda, un punto de preocupación para el sistema es la desaparición de jueces con alta especialización en temas de propiedad intelectual, que por su experiencia de décadas han alcanzado un conocimiento que no será fácil de suplir. Esperemos que las otras partes de la maquinaria logren mover las ruedas de la innovación en el país. Mucho lo necesitamos.