Finalmente, luego de 11 semanas de suspensión de las labores del Poder Judicial Federal como consecuencia de la emergencia sanitaria, el próximo 16 de junio será posible iniciar procedimientos en línea y darles seguimiento hasta su conclusión. Ya se prevé que, inclusive las audiencias, sean desahogadas por vía remota. Las labores en las instalaciones de los juzgados y tribunales, sin embargo, habrán de reanudarse hasta el 1 de julio de 2020, si es que no existe algún otro diferimiento de conformidad a las condiciones imperantes. De hecho, salvo algunos experimentos de juicios en línea que algunos estados han puesto en práctica, y el del Tribunal Fiscal, estamos asistiendo a la inauguración de la nueva era de la administración de justicia en el país. Un cambio que puede ser, a la larga, tan trascendente como los juicios orales.
Durante la emergencia, únicamente fue posible recurrir a los juzgados de distrito que fueron mantenidos en turno para recibir casos graves y urgentes por temas familiares y penales. Todos los demás se encuentran en espera de la apertura de la ventanilla, para finalmente acceder al proceso y pasar a formar parte del amplio rezago que afectará a los miles de expedientes acumulados.
Este es un primer paso, muy importante, por cierto, para devolver viabilidad a nuestro sistema de justicia. Algunos de los poderes judiciales en los estados, en diversas formas y grados, habían ya adoptado medidas para operar algunos servicios a pesar de la pandemia. La Ciudad de México, en cambio, sigue con las puertas cerradas y ha reaccionado de manera lenta e insensible a las necesidades de los usuarios.
Todo parece indicar que, el uso de recursos digitales en procedimientos judiciales en nuestro país, ha llegado para quedarse. El acuerdo publicado por el Consejo de la Judicatura el pasado lunes, no limita esta opción a los tiempos de emergencia, lo que presupone la continuidad de los juicios en línea hacia el futuro. El reto ahora consiste en dotar de soporte técnico y certeza jurídica a estas herramientas, y al propio tiempo, en poder capacitar al personal judicial que tendrá que operar los nuevos sistemas. En este novedoso paradigma, la seguridad cibernética jugará un papel trascendental. No podemos tomar riesgos en este rubro, porque no será lo mismo consultar la lista de acuerdos por Internet que poner expedientes judiciales confidenciales al alcance de hackers.
Acicateados por las urgencias impuestas por la pandemia, los abogados deberemos reinventarnos para aprender a manejar tecnologías que nos eran relativamente distantes. Hoy, firmas digitales, expedientes electrónicos y mensajes cifrados serán parte de nuestra nueva realidad, y ganar o perder un caso podrá depender tanto de nuestra habilidad para argumentar, como de nuestra pericia para subir un archivo a la nube.
A la par, toca a los colegios de abogados jugar el rol más importante en su historia como facilitadores de estos saltos a la modernidad. En este punto no valen egos, ni protagonismos, ni caprichos. Los grupos profesionales de abogados son agentes del cambio, y son parte esencial de la interfase hacia la nueva dimensión en la justicia digital en México. O lo entendemos, o la realidad nos rebasará por la derecha.