A partir de que Juan Lozano asumió la dirección general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se hizo explícita la decisión de dotar al IMPI de los dientes y músculos de los que históricamente había carecido. Muchos de los cambios operados en la nueva ley, apenas en vigor desde el mes pasado, apuntan en ese sentido.
Entre las modificaciones más significativas para que las determinaciones del IMPI se hagan cumplir, se encuentra el ostensible incremento en las multas que el Instituto puede aplicar por infracciones administrativas, que lleva su techo hasta más de 21 millones de pesos. Además, el propio Instituto, erigido en autoridad fiscal, podrá ejecutar el crédito y emplear lo recaudado como parte de su presupuesto.
Otra de las importantes modificaciones en este contexto es la posibilidad de que el IMPI se asista de fuerza pública en el desahogo de sus acciones. Este era un punto de clara debilidad del Instituto, que solía arribar a visitas de inspección o aseguramiento de bienes falsificados sin más armas que la pluma y el acta del funcionario. A partir de la nueva ley, los diversos cuerpos de policía y Guardia Nacional deberán proveer al Instituto de la fuerza necesaria para actuar en contra de organizaciones criminales dedicadas a actividades de piratería. En el caso del IMPI, hay que recordarlo, desde hace más de 25 años se le dio la responsabilidad de las infracciones cometidas en materia de derechos de autor, lo que implica contar con facultades para intervenir en casos de piratería de software, videojuegos, libros, música y películas, que en su conjunto representan el grupo de bienes de más alto tráfico ilegal en nuestro país.
Al propio tiempo, el IMPI está claramente ocupando un espacio que la unidad antipiratería de la FGR ha abandonado desde hace algunos años. A pesar de que en el diseño organizacional del gobierno federal era la antigua Procuraduría la entidad llamada a combatir la falsificación de marcas y el copiado ilegal de obras, la falta de presupuesto ha ido limitando la actuación de esta fiscalía especializada, hasta el punto en el que se ha eclipsado su participación en estos esfuerzos. De hecho, el peso de la lucha antipiratería en el país, en la última década, se trasladó a la Administración General de Aduanas, que ha intentado detener en sus filtros la importación de la mayor parte de productos piratas que ingresan al país.
Otro de los territorios que la FGR ha abandonado, es el grupo de seguimiento de la lucha contra la piratería que encabezó la subprocuraduría durante muchos años, y que reunía a las principales empresas, organizaciones, cámaras e institutos alrededor del fenómeno, y que servía como foro multidisciplinario para trazar políticas públicas y programas. Ese grupo, aún con sus claros problemas de liderazgo, representaba la única mesa de comunicación y trabajo para que la iniciativa privada y el gobierno llegaran a acuerdos sobre el tema.
Es el IMPI, ahora, el que se da a la tarea de relanzar la iniciativa para mantener ese grupo funcionando, en el entorno de mayor dificultad para nuestro país en su historia. En momentos en que la informalidad puede ser vista como una alternativa temporal de distensión social para núcleos importantes de la sociedad, es imprescindible no arrojar las convicciones por la borda de la indiferencia y una mal entendida justificación de la marginalidad legal. Ningún sistema, ningún régimen, puede recuperar sus límites una vez que son extendidos hacia el territorio de lo ilícito. Es imperativo que en nuestro país se lance un mensaje claro de que la piratería es una actividad que se combate con toda la determinación del Estado.