De los datos revelados por la encuesta realizada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, acerca de los hábitos de consumidores nacionales de productos pirata, dos factores mueven a reflexionar sobre las acciones que deben seguirse para contener el fenómeno.
El primero, y más grave, es el que revela que 59 por ciento de los encuestados consideran que "el simple hecho de pagar por el servicio de internet les da derecho a descargar contenidos de todo tipo en forma gratuita". Como sabemos, las redes digitales se han posicionado como el medio en el que el consumo de obras crece exponencialmente, por lo que este equívoco ideológico de los destinatarios es un síntoma grave de una distorsión que afecta la cadena de valor de creación y distribución de obras. Este factor, como se percibe, se potencia en los jóvenes que han crecido con estas tecnologías en su mano, para los que las restricciones legales que impiden compartir contenidos son contrarias a las bases naturales del sistema.
El otro dato que destacó como relevante, es el que concluye en que sólo 47 por ciento de los encuestados considera que la piratería tiene efectos negativos. Visto desde la otra perspectiva, resultaría que más de la mitad de los consumidores no están conscientes de las consecuencias que acarrea este fenómeno delictivo. En esta lógica, ambos resultados parecen tener un origen común: ausencia de cultura en materia de legalidad y, en particular, del régimen de protección de los derechos de propiedad intelectual.
Resulta contrastante que, ante la aparición de sistemas de bajo costo para el consumo de música y películas en forma legal, los índices de piratería no se reduzcan en México, demostrando que el arraigo de estos hábitos puede desafiar la tradicional solución de que la diferencia en precios explica en su totalidad el fenómeno. Parecería que, en algún punto, este comportamiento mórbido anuncia una enfermedad residente, como el grito homofóbico en los estadios: hay que incumplir, hay que desafiar a la autoridad, hay que burlar la ley.
Ante las evidencias, que merecen de inmediato el calificativo de 'muy preocupantes', se impone la necesidad de diseñar y operar programas que, más allá de difundir los principios y fines de la protección a creadores e innovadores, puedan cambiar en la raíz el código cultural en el país en torno a la informalidad, la competencia desleal y el Estado de derecho en su conjunto. Están bien y deben seguir emitiéndose mensajes de conciencia sobre los daños de la piratería, pero se trata de gritos en el desierto cuando no están acompañados de acciones tácticas de largo plazo.
La pieza más importante de este entramado consiste en insertar en el discurso de los grupos empresariales y gobiernos, la certeza común de que estamos del mismo lado y se trata de un enemigo común. Celebro que el IMPI realice este tipo de diagnóstico, que permite sonar las alarmas. En este momento, en el que se empieza a delinear una nueva legislación para autores, y se discuten en el Senado proyectos de leyes de Propiedad Industrial y de derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas, se debe aprovechar la oportunidad para relanzar la cruzada y llevar el mensaje más allá de los que pensábamos eran los destinatarios de siempre. El punto de partida, reconocer la sorprendente creatividad e ingenio de los mexicanos, y la necesidad de protección para preservarlos.