Los cambios que está emprendiendo el Instituto Nacional del Derecho de Autor apuntan claramente a modernizar los servicios y resolver áreas grises en la definición y ejercicio de los derechos que su legislación ampara. La relevancia del reconocimiento y eficacia de los derechos de los autores cobra hoy una sensibilidad particular, no solo por los desafíos que la agenda digital plantea, sino por el cúmulo de expedientes que demandan atención.
Una primera línea de acción descansa en la necesidad de dotar al sistema de bases de datos digitalizadas y confiables, que permitan dar publicidad a los registros, y al propio tiempo ir preparando la inevitable conversión a los servicios en línea. Los pesados archivos de obras que históricamente han agobiado al Instituto deben desaparecer para dar paso a lo digital.
Otra importante pretensión está dada por la necesidad de conducir los esfuerzos hacia una nueva legislación en la materia. La actual, que data de 1996, acusa ya los efectos de la obsolescencia; algunos temas como copia privada, derecho de imagen, derechos colectivos relacionados a obras de folclore, transmisión de derechos y sociedades de gestión colectiva, deben ser revisitados si queremos llegar al primer cuarto de siglo del nuevo ciclo, con reglas claras, en temas claves para la cultura de nuestro país. Parecería que los caminos convergen en estos temas para darles solución a partir de sentencias, jurisprudencia y casos fácticos que han ocupado la escena nacional como altamente sensibles.
Especial mención merece en este contexto el asunto de las llamadas Reservas de derechos, que han representado una fuente de colisión permanente con los derechos constituidos por la vía de registros de marca, generando incertidumbre y litigios enconados en ámbitos de nombres artísticos y publicaciones periódicas. Desde luego, se impone como inaplazable una reforma de fondo que acabe con la especulación que ha rodeado a esta figura, y de manera inmediata, un mecanismo que impida la titularidad confrontada por la falta de cotejo con derechos previos otorgados por el IMPI.
Un segundo nivel de reformas obligadas que se tendrán que asumir, son las derivadas de compromisos internacionales que México ha firmado en sendos tratados como TPP-11, el T-MEC y el nuevo tratado de libre comercio con la Unión Europea. En su conjunto exigen un trabajo de filigrana para lograr aterrizarlos en nuestra ley doméstica sin contratiempos.
Uno de los mayores retos para el equipo de Hugo Contreras Lamadrid al frente de INDAUTOR es la posibilidad de escalar al organismo al grado de descentralizado, a fin de dotarle de mayor autonomía de gestión y presupuestaria. Ello permitiría que las decisiones fluyan de forma más rápida y que se emprendan planes y programas más agresivos. La importancia de dotar a la creatividad de blindaje jurídico no escapa a ninguna sociedad moderna y es un presupuesto para el desarrollo.