El impacto que los sistemas de administración de justicia han sufrido en nuestro país como consecuencia de las medidas adoptadas para evitar los contagios por Covid-19, claramente merece el calificativo de 'histórico'. Los cierres, a veces totales, a veces parciales, se han dado en todos los niveles e instancias generando una parálisis de expedientes que, en un año, apenas acusan avances mínimos.
El rezago pasa por dos vertientes: la primera, dada por los cierres intermitentes que el semáforo rojo ha impuesto a toda clase de juzgados y tribunales; la segunda, por el incremento sustancial de casos en materia laboral, bancaria y familiar, destacando en este rubro los temas de violencia doméstica y sucesiones.
En algunos casos, las opciones digitales de presentación de escritos y demandas han aliviado en algo la problemática, pero nos hemos dado cuenta, con pesadumbre, que existen 'cuellos de botella' en la gestión que no pueden resolverse sin actividad presencial. En otros casos, como las reuniones con jueces y magistrados, que podrían realizarse por plataformas digitales, se han evitado dando la espalda a soluciones 'al alcance de la mano'.
A la par, instancias clave para la actividad empresarial y económica del país, como el Registro Público de la Propiedad en diversas entidades del país, continúan sin prestar servicios de manera regular, deteniendo miles y miles de transacciones que afectan gravemente la cadena completa de valor que supone la transferencia de propiedad inmobiliaria. Mismo caso de las altas de empresas ante el SAT que, ante la imposibilidad de contar con su registro de contribuyentes, no pueden iniciar las actividades económicas que pretenden, incluyendo la contratación de nuevos empleos.
Tengo la sensación de que todos compartimos la convicción de que las medidas de protección a la salud de todos, funcionarios, empleados y usuarios, no pueden regatearse. Sin embargo, es claro que, en cada caso, con pocos esfuerzos adicionales podrían estarse prestando servicios mínimos para dejar respirar al sistema. Con esa misma óptica es necesario preguntarse si no debe modificarse el plan de vacunación, a fin de dar prioridad (después del personal médico) a los empleados de estas dependencias, cuyos servicios son esenciales para la productividad. A estas alturas, esta claro que cada ventanilla cerrada en una dependencia oficial, son muchas cortinas cerradas en negocios que dependen de aquellas.
El anuncio de que, en el nivel federal, los empleados públicos regresarán hasta el mes de abril pone en crisis a miles de empresas que dependen de trámites oficiales de todo tipo, desde usos de suelo hasta licencias de construcción, pasando por certificados o manifestaciones administrativas que se requieren para importar, para exportar, para fabricar, o para, en una palabra, operar.
A estas alturas, el reclamo por la falta de apoyos a unidades productivas empresariales ya no es siquiera el tema central, pues ha quedado claro que esa opción se encuentra agotada. Lo que no es admisible es que se mantengan las instancias oficiales 'en pausa', cerrando las opciones de que miles de Pymes sigan luchando por su supervivencia.