Luego de más de dos años desde la iniciativa original, finalmente el Consejo del Parlamento Europeo aprobó la nueva regulación de copyright en el entorno digital, dando un paso decisivo hacia la conservación del sistema tradicional de protección a la creatividad jurídicamente recompensable. Desde ese momento, todos estamos volteando a ver lo que la Unión Europea acaba de resolver para acotar una serie de prácticas en Internet que cambiarán la manera en la que "naturalmente" la red creció y se consolidó.
Quienes asistieron al desarrollo del proceso completo, lo describen como una batalla feroz de cabildeo, en una escala sin precedente. De un lado, posiciones a favor del uso libre, defendidas por las grandes plataformas como Google y Facebook. Del otro lado, artistas de la talla de Paul McCartney y Adele, así como Sociedades de defensa de los derechos de artistas, pugnando por el debido pago por el disfrute de sus obras. En medio, millones de usuarios que no terminan por decantarse por ninguna de las posiciones, pero que aspiran a no modificar los hábitos de "libre consumo" que han adquirido a lo largo de dos décadas de disfrutar de un inmenso catálogo de obras a la distancia de un "click".
Dos fueron los principales aspectos de controversia, el primero, es el de la llamada "tasa Google", que consiste en limitar la posibilidad de los motores de búsqueda de indexar información de diarios y sitios de noticias, salvo acuerdo previo de pago de regalías por el uso de la información. El argumento básico es que, dicha indexación, supone una reproducción de cierta información del propietario de los contenidos, que a Google le genera un lucro por vía del tráfico en sus plataformas. Para algunos diarios y agencias de noticias tradicionales, la medida los rescata del proceso de agonía y será trascendental en la configuración de un sistema en el que, la validación de información periodística, pueda ser vista como un valor socialmente apreciable.
El segundo tema de debate, la nueva norma que traslada responsabilidad a los proveedores de Internet que permiten y alojan contenidos proporcionados por los usuarios, en el sentido de exigirles que nieguen el acceso a los que vulneren derechos de Propiedad Intelectual. Esto significa que, si un artista pretende subir una interpretación musical a Youtube, Facebook o Twitter, el sitio deberá corroborar que no se violan derechos de autor, usando "técnicas efectivas de reconocimiento de contenidos", debiendo negar o bajar aquellos que no pasen el filtro. A partir de la publicación de la Directiva, los países de la Unión Europea deberán reflejar en sus leyes internas estas disposiciones en un plazo máximo de 24 meses.
Una de las grandes preocupaciones de los opositores es la inminente pérdida de competitividad en el campo de la innovación tecnológica y digital de las empresas europeas. De hecho, la Directiva implica el claro despropósito de que, mientras las mismas prácticas siguen siendo permitidas en el resto del mundo, en la zona euro las empresas deberán tomar toda clase de medidas preventivas para asegurar el cumplimiento de las reglas, o en su caso, enfrentar las draconianas sanciones de parte de los reguladores. Es este, sin duda, un escenario inédito desde la creación de Internet, más allá de las censuras y desventuras de la red en sitios como China.
El asunto tiene tal impacto, que muchos estiman que la dominancia de empresas como Google, y la fisonomía misma de Internet, sufrirá una transformación radical a partir de esta nueva legislación. Esta es la respuesta final a planteamientos extenuantes que, solo a lo largo del tiempo, han podido ser respondidos de manera parlamentaria. La Directiva es la sentencia que resuelve la ponderación entre los derechos del creador a una recompensa, frente a los derechos fundamentales de información y libertad de expresión.