Hace quince años, los que nos dedicamos a estas materias hacíamos gesticulaciones constantes para que el Congreso volteara a ver este tema y lo regulara. Desde hace cinco, múltiples proyectos han llegado a las cámaras, pero ninguno ha logrado trascender. El último, el pretensioso e irrealizable presentado por los senadores Ricardo Monreal y Susana Harp. La noticia es que tenemos ahora frente a nosotros no uno, sino dos proyectos que se disputan la notoriedad que el tema ha cobrado a partir de los últimos casos del uso de diseños indígenas, por parte de las firmas internacionales Carolina Herrera y Louis Vuitton.
El primero de los proyectos corresponde a los diputados Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Brasil Alberto Acosta Peña y Lenin Nelson Campos Córdova, del Grupo Parlamentario del PRI, mientras que el segundo lo suscribe el diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena. Ambos coinciden en proponer una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, como vía para detonar la protección de las creaciones de pueblos y comunidades indígenas, bajo la visión internacional de la protección de los derechos colectivos de los grupos étnicos.
Palabras más o palabras menos, las iniciativas coinciden en dotar al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de las facultades necesarias para autorizar, cuando proceda, las solicitudes para representar, publicar, comunicar o utilizar, en cualquier forma, una obra literaria, artística, de arte popular, textil o artesanal mexicana, sujeta a la protección de la Ley Federal de los Derechos de Autor, en cuya utilización se pretenda un fin de lucro. Hay que recordar que el mencionado Instituto, es apenas de incipiente creación, a la luz de la publicación de la ley que le dio origen el pasado mes de diciembre, y el mismo persigue el propósito de hacer efectivo el reconocimiento de las culturas indígenas y afro mexicanas en sus diversas expresiones culturales o artísticas, estando facultado para implementar políticas públicas relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas del país.
Dos problemas identifico de esta estructura. El primero, que la ley reducirá su ámbito a delegar en una autoridad las facultades para que discrecionalmente decida como, a quien y porque procede o niega autorizaciones, generando un ente todopoderoso que de acuerdo a los criterios del director en turno podrá variar los criterios periódicamente; el segundo despropósito lo veo en la generación de un interlocutor burocrático, que margina a los depositarios de los derechos -los pueblos indígenas-, de la posibilidad de intervenir en forma directa en las decisiones que involucran sus obras. Un ejemplo más de la suplantación que el estado asistencialista pretende realizar al amparo de una ley sobreprotectora.
La amenaza es caer, ahora, en el otro lado de la moneda, en el que cualquier uso o expresión relacionada a motivos indígenas sea sancionable, coartando su uso y difusión por el exceso de trabas y burocratismo.
A la luz de los tropezones que otras iniciativas han enfrentado, deberíamos celebrar que alguno de estos dos nuevos intentos alcance la meta, sin embargo, no es válida en esta ocasión la máxima de que "ya se tiene ley y podrá perfeccionarse en el futuro". Hay muchos motivos por los cuales podemos darnos un proyecto más completo, más sensato, más moderno y más promotor.