Cuando la información se puede engargolar, entonces pasamos de los rumores a la inminencia. A pesar de que Juan Lozano Tovar, director del IMPI, casi desde el inicio de su gestión anunció la intención de presentar una iniciativa de reforma integral a la ley de la propiedad industrial, muchos asumimos que el proyecto tomaría más tiempo. La experiencia demuestra que, en estos temas, los aspectos técnicos presentan serias complejidades que, aunadas a los intereses involucrados, convierten a este tipo de legislación en campo de batalla.
Sin conocer aún el proyecto, quiero puntualizar en este espacio algunas ideas sobre el particular. La primera es apoyar la iniciativa de la reforma, que de tan postergada parecía irrealizable. A lo largo de 28 años hemos agregado parches a la ley hasta dejarla irreconocible. De hecho, me parece que un nuevo ordenamiento sería deseable.
La primera pregunta que la propuesta debe responder es la de la ideología subyacente a leyes de contenido económico, en tiempos en que el péndulo está regresando, de un neoliberalismo extremo, hacia visiones más nacionalistas. Sin embargo, dos grandes postulados deben ser atendidos: el primero, que la recompensa que la propiedad intelectual regula a favor de los creadores es anterior e incluso ajena los dictados de la escuela de Chicago, habiendo demostrado durante varios siglos su eficacia como medio de estímulo a la innovación; lo segundo, los compromisos internacionales que México ya ha firmado en el pasado, y los nuevos que contienen nuevas obligaciones en el T-MEC, el TPP-11 y el Tratado de Libre Comercio con Europa, y que no debemos desconocer o traicionar.
Tres temas parecen particularmente mejorables en la ley actual. En el caso de patentes, es necesario acoger nuevas formas de protección, especialmente las llamadas patentes de modelo de negocio, que para nuestro país pueden representar una alternativa muy apropiada para un campo especialmente activo de las startup digitales. Además, se necesita reorientar la ley para impulsar el otorgamiento expedito y el financiamiento de invenciones en materia de sustentabilidad y medio ambiente.
Cualquier reforma en la materia no puede eludir atender los temas de derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas, al menos, prohibiendo en forma expresa el empleo de figuras de la ley para apropiarse indebidamente de artesanía, diseños y otras formas de folclore, así como conocimiento milenario sobre formulas herbolarias. En el mismo contexto, es necesario detallar la regulación sobre Indicaciones Geográficas, a fin de complementar la ley con temas de financiamiento y normas oficiales. Capítulo especial merecen los Consejos Reguladores, que merecen ya una normatividad que defina su naturaleza, facultades, estructura y obligaciones.
El último gran asunto es el de los procedimientos contenciosos que el IMPI administra, sobre lo que se deben tomar decisiones radicales para eficientar tiempos. Una posibilidad consistiría en facilitar acciones civiles sin tener que contar con la declaratoria previa de infracción; la otra, en dejar a la Sala Especializada de Propiedad Intelectual el conocimiento directo de los casos de nulidad y caducidad, y concentrar los recursos del IMPI en combatir piratería y competencia desleal en el ámbito de las infracciones. La reforma demanda del IMPI dos grandes habilidades: concertar y concretar.