Luego de una larga vida de 29 años y más de 25 reformas, la Ley de la Propiedad Industrial, bandera ideológica de toda una época y una generación, entra a la etapa final de su existencia. La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, como parte del paquete de leyes T-MEC, deberá publicarse en pocos días más. Como suele suceder con este tipo de normas, el proyecto no ha estado exento de polémica, ya que la modificación de uno o dos grados en el límite de un derecho, tiene enormes repercusiones en el patrimonio de los regulados.
Tratando de hacer un apretado balance de los puntos sustanciales del último texto conocido de la nueva ley, debemos reconocer como positivo que reorganiza los temas que, por fallas técnicas y reformas superpuestas, habían ya convertido a la vieja ley en un mosaico de retazos. Además, el nuevo texto incorpora una serie de reglas y criterios que en la práctica de suyo se observaban, pero que ahora encuentran soporte normativo. Uno de los más destacados es el relacionado a los servicios que el propio IMPI presta por medios electrónicos, que había avanzado en lo tecnológico, pero carecía del necesario andamiaje jurídico.
Uno de los grandes desafíos que el proyecto enfrenta, es el del debido respeto a los compromisos asumidos por México en tratados internacionales. No solo importan los textos en vigor (T-MEC, el TPP-11), sino en forma particular los que están en el camino de convertirse en ley positiva en nuestro país, como es el caso del tratado de libre comercio con la Unión Europea. En todos los casos se incluyen sendos capítulos de Propiedad Intelectual, con elevados estándares, pero no necesariamente convergentes en sus disposiciones. Parece que, en este punto, las propuestas libran bien el análisis técnico que se imponía.
Aunque en forma expedita, la iniciativa propone nuevas facultades a la autoridad en temas de alta sensibilidad que habían sido evadidos en el pasado, como la posibilidad de que el Instituto ordene la suspensión o retiro de contenidos digitales violatorios de marcas o derechos de autor, así como combatir nombres de dominio ilegales, que desde hace dos décadas era una de las fuentes infecciosas más graves en Internet. En la parte de marcas, la más importante de las novedades se centra en la posibilidad de presentar las llamadas solicitudes multiclase, a través de las cuales será procedente amparar, en una sola petición, productos o servicios que formen parte de clases diferentes de la clasificación. Este cambio permitirá adecuar nuestra práctica a los criterios imperantes a nivel internacional, aunque para fines administrativos es un sistema caro e ineficiente.
Entre los temas de mayor debate destaca el de las llamadas "prórrogas de patentes", por virtud del cual procede solicitar un término adicional de compensación de vigencia, del tiempo que injustificadamente demore el otorgamiento de la patente por el IMPI. Del mismo modo, otras discusiones aguerridas se han desarrollado con relación al plazo para tramitar autorizaciones de medicamentos genéricos antes del vencimiento de una patente. Ambos temas, de altísima sensibilidad pública en el rubro de acceso a medicamentos y derecho a la salud.
De momento, la nueva ley parece mantener una orientación a favor de la protección de los derechos que son su motivación, más allá de adjetivos ideológicos y etiquetas de catálogo. Enhorabuena, el desafío por venir será su efectiva implementación.