Mediante punto de acuerdo de comisión en el Senado, el pasado 6 de agosto se exhortó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en conjunto con la Dirección General de Normas, a robustecer los mecanismos para el fortalecimiento de los Consejos Reguladores de las denominaciones de origen, a fin de cumplir con las normas oficiales mexicanas en materia de productos con esta clase de protección.
El punto es particularmente relevante, entendido en el contexto de diversos eventos que en el pasado reciente han obligado al Congreso a mirar este tema. Por una parte, la negociación que nuestro país desarrolló con la Unión Europea para alcanzar un tratado de libre comercio, en el que las Indicaciones Geográficas representaron uno de los rubros de mayor debate y atención; la segunda nota relevante, se gestó por la publicación de la esperada reforma en materia de Indicaciones Geográficas en nuestro país, que vio la luz apenas en mayo del año pasado; y la última circunstancia destacada la conformó el controversial asunto de las ampliaciones otorgadas a Morelos, Estado de México y Aguascalientes, como territorios autorizados para la Denominación de origen del Mezcal.
El último asunto no solo generó una abierta confrontación entre el gobierno del estado de Oaxaca y el IMPI, sino que obligó a voltear los ojos a la necesaria revisión del andamiaje legal de los Consejos Reguladores, dado el trascendental papel que juegan en el desarrollo de las industrias de los productos de origen.
El punto de acuerdo que hoy el Senado promueve, en realidad, podría pensarlo para sí mismo, dada la urgente necesidad de dotar a los Consejos Reguladores del debido marco normativo. Es una paradoja que, frente a las grandes funciones que estos entes desarrollan en la consecución de cadenas productivas a partir del reconocimiento jurídico de las designaciones geográficas que nombran productos, existan disposiciones vagas y de segundo nivel para dirigir sus destinos.
Afortunadamente nuestro país tiene, en la experiencia europea en el tema de Indicaciones Geográficas, un referente que sirve para exiliar a los demonios que suelen pretender beneficios inconfesables cuando la ley es laxa. Los Consejos Reguladores, en Europa, han venido cumpliendo una función esencial como promotores, coordinadores y defensores de las Indicaciones Geográficas que representan. Pero para lograr los objetivos, es necesario que la ley les provea de reconocimiento y recursos, al tiempo en que se les exigen cuentas claras, transparencia y gobierno corporativo.
Por lo pronto, esta tarea encomendada por el Senado al IMPI y a la DGN, puede ser cumplida a cabalidad revisando el tema de la verificación y acreditación, que desde hace tiempo son motivo de distracción y disputa. Asignar y mantener en los Consejos Reguladores estas funciones, es esencial para lograr la necesaria cohesión entre los productores y la fuerza de representación que estas entidades requieren para su posicionamiento. La otra opción, consistente en diversificar estas funciones, solo provocaría que insumos y productos que no cumplen a cabalidad con las especificaciones de la norma sean autorizados, generando una falta de conformidad que tendría consecuencias desastrosas en el valor de las Denominaciones.