En estos días, hay que hacer minería para encontrar las cosas importantes que se pierden en el marasmo de la emergencia. En esa condición se debe reportar que, el pasado 30 de abril, una buena resolución fue dictada por la Corte en materia de respeto a la libertad de expresión.
La sentencia de nuestro máximo tribunal habría de decidir la prevalencia de uno u otro criterio de jurisprudencia, con relación a la constitucionalidad de una fracción del artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que palabras más, o menos, determina que la programación difundida por radio y televisión debe procurar el uso correcto del lenguaje.
Cuando la Corte resuelve una contradicción de criterios encontrados, desarrolla uno de los más edificantes ejercicios de construcción del derecho ya que, a partir de tesis que sostienen puntos contradictorios, debe analizar y decantarse por la que considera acorde al resto de la legislación. Hay que recordar que, la labor interpretativa de los jueces, debe llenar los huecos que el legislador no puede contemplar en una ley general.
En este caso, el fiel de la balanza de la disposición controvertida otorgaba a la autoridad la facultad de decidir qué expresión constituía "uso correcto" y cual no, abriendo una puerta muy amplia para la censura. El asunto no es simple, si tomamos en cuenta que, en el pasado, una parte numerosa de la sociedad estimaba que el buen uso del idioma era un valor tutelable, y que al tratarse de medios tan influyentes en la población como la radio y la televisión, la labor formativa de éstos tendría que privilegiar la corrección en la expresión. El punto es interesante, el precepto no cuestionaba "qué se decía", sino "cómo se decía".
Sin embargo, es de reconocerse que, los cambios en hábitos, las redes sociales y una interpretación desenfadada de la pluralidad y la democracia, crearon el escenario para pensar distinto. El tema es tan debatible, que la propia votación de la Corte de 6 contra 5, ilustra bien lo cerrado de las posiciones.
La resolución está en línea con una producción intensa de jurisprudencia en materia de libertad de expresión de parte de los tribunales de amparo en el país, que han reconocido enfáticamente que dicha libertad es la más asociada a las precondiciones de la democracia constitucional, pues a través de su ejercicio se permite a los ciudadanos discutir y criticar a los titulares del poder público, así como debatir reflexivamente para la formación de posición frente a los problemas colectivos. Sin el ejercicio pleno, constante y abierto de la libertad de expresión, el ideal de la democracia deliberativa sería inalcanzable.
A pesar de que la decisión de la Corte, paradójicamente respalda "el derecho a expresarse incorrectamente", aún tratándose de medios de comunicación masiva, el mensaje suena fuerte y claro, en tiempos en los que la libertad de prensa ha estado sujeta a ataques y cuestionamientos.