Mauricio Jalife

Reporte de Piratería de Amcham subraya mal sistémico

Mauricio Jalife considera que es necesario que la ciudadanía modifique los códigos culturales que tiene sobre la piratería.

El reporte que emite anualmente la American Chamber de México (Amcham) y el Cidac, en materia de piratería en nuestro país, esencialmente replica lo que el año pasado revelaba; y si revisamos los 5 años de estudios previos encontraremos que detrás de cada uno aparecerán las mismas cifras, las mismas preocupaciones y las mismas causas.

En esta edición los datos indican que 8 de cada 10 personas consumen piratería, que produce pérdidas anuales por más de 43 mil millones de pesos, y en materia de música estamos en el grupo selecto de los 5 países que más contenidos ilegales bajan. En cada giro comercial, y en cada tipo de mercancía, el diagnostico indica que el mal se sigue esparciendo en forma descontrolada, generando una indiferencia cultural sistémica hacia el fenómeno y una inacción oficial consecuente. Es decir, la población no considera la piratería como un delito serio (mucho menos grave), y las autoridades responsables de su combate, o carecen de los medios materiales para hacerlo, o han caído en la misma actitud tolerante que la propia sociedad adopta.

Aunque aparece de manera intermitente en los discursos oficiales cuando se destruye mercancía apócrifa -generalmente confiscada por aduanas-, el combate a la piratería ha dejado de ser un objetivo del régimen. Desde el sexenio de Fox se percibe una disminución de atención, acciones, programas y recursos, y parecería que las entidades destinadas a su represión -IMPI y PGR-, apenas logran administrar los casos del día a día sin que respondan a programas o intenciones manifiestas.

Ante el descomunal tamaño del enemigo, no ayudan leyes parchadas, jueces medrosos, abogados corruptos, ministerios públicos saturados, policías no especializados, peritos demorados y consumidores cómplices. Así, la fórmula solo puede desembocar en indiferencia e impunidad promotoras de mayores niveles de violación de derechos.

Más allá de trasladar al nuevo gobierno federal recomendaciones puntuales sobre acciones concretas a adoptar para acotar el fenómeno, la preocupación mayor que nos debería convocar es la de modificar sustancialmente los códigos culturales alrededor de la piratería, que le han convertido en uno de los detractores más eficaces del estado de derecho. Es este un escenario en el que, al ser protagonistas los ciudadanos de a pie, se genera el efecto paradójico de ser victimas y victimarios en el mismo delito.

A pesar del apoyo que suponen las campañas publicitarias orientadas a crear conciencia sobre la mala condición ética de quien compra películas pirata, se necesita urgentemente incorporar al discurso oficial el mensaje de rechazo total y pleno a toda expresión comercial de informalidad, y de manera particular a la piratería. De no hacerse así, todavía hay escalones que podemos bajar en la descomposición que el fenómeno produce, y lamentablemente, recuperar terreno requiere de un esfuerzo adicional que no estoy cierto de que podamos desarrollar.

Hoy, hoy, hoy, necesitamos que las organizaciones de la sociedad civil, cámaras y agrupaciones empresariales, últimamente tan menospreciadas e ignoradas, actúen coordinada y decididamente para hacer contención y palanca.

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