Las circunstancias que se presentan en todos las materias y niveles del Poder Judicial federal, y en los de cada estado, representan el más grande desafío en impartición de justicia del que se tenga memoria en nuestro país. Ni siquiera los daños causados por el sismo de 1985 a la infraestructura física de múltiples juzgados y tribunales, aparejó este grado de complejidad.
Esta realidad se comparte por toda clase de órganos de justicia, desde los más altos niveles como la Corte y los Tribunales Colegiados, hasta las instancias administrativo-contenciosas como el IMPI, Cofece e Indautor, pasando por las Juntas de Conciliación.
Hoy no se trata de una problemática localizada en un punto particular. La extensión geográfica de la pandemia ha cercado al Poder Judicial hasta el punto de la inacción en todo el territorio nacional, exhibiendo nuestras graves carencias de herramientas jurídico-digitales para enfrentar situaciones de emergencia. Muy poco se ha hecho para reaccionar a los requerimientos urgentes y desesperados de la ciudadanía por acceder a los servicios. No se trata, claramente, de pedir al personal que labora en estas instancias arriesgar su salud o su vida en aras de la justicia, sino que la apuesta era por encontrar las formas de habilitar recursos digitales para mantener abiertas las ventanillas y los servicios esenciales de cada tribunal.
En el impacto brutal de la emergencia sanitaria, el efecto pasa igual por los conflictos familiares impulsados por el confinamiento, que por las causas penales que han sido denunciadas pero no atendidas; los despidos y conflictos laborales, por su parte, abundan como la propia peste. En materia civil y mercantil, los estragos de la fuerza mayor han llevado al incumplimiento de miles de contratos que reclamarán resarcimiento urgente; y en materia de amparo, filtro y purga de todo nuestro sistema de justicia, será recipiente final de todos los actos de autoridad considerados ilegales.
Este cúmulo de asuntos, multiplicados por la aritmética de la pandemia, que los abogados tenemos sobre nuestros escritorios en vía de formación y que serán presentados en los primeros días hábiles del regreso de cada juzgado, formará una pila de casos nuevos nunca vista. Expedientes que, en espera de iniciar su camino procesal, se unirán a los miles que formaban el rezago, y que han permanecido quietos durante todo este periodo. Así, el mapa de la atonía estremece por su volumen y complejidad.
Para estos tiempos de desánimo y escasez necesitaremos diseñar soluciones ágiles, pragmáticas y eficientes, que sean, además, 'jurídicamente posibles'. Deberemos reinventar las formas de impartir justicia desde lo digital, rediseñándonos como gremio al propio tiempo. Deberemos recurrir a la mediación y ser agentes del cambio, poniendo por delante el interés superior de la pacificación que proviene del 'buen arreglo'. Cada asunto en el que podamos evitar llegar a juicio será un asunto ganado. Si queremos evitar el colapso, necesitamos un plan.
En este momento, en la construcción de soluciones, los colegios y barras de abogados, en colaboración con jueces, magistrados y ministros se convierte en obligada. Hoy, México nos necesita más que nunca.