Toca turno a la nueva Ley de Propiedad Industrial
menu-trigger
ESCRIBE LA BÚSQUEDA Y PRESIONA ENTER

Toca turno a la nueva Ley de Propiedad Industrial

COMPARTIR

···
menu-trigger

Toca turno a la nueva Ley de Propiedad Industrial

20/11/2019

La presentación en el Senado, de la iniciativa para una nueva Ley de la Propiedad Industrial, marca un punto de inflexión en la regulación de las patentes y las marcas en nuestro país. La última legislación en la materia se gestó en los preliminares del TLCAN, allá en el lejano 1991, por lo que resultaba ya urgente su actualización.

El proyecto reúne condiciones particulares que deben ser analizadas individualmente, sin embargo, el contexto general de la propuesta es convincente. Lo primero que podemos destacar es el ejercicio de contención que su promotor, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realizó, a fin de mantener un texto balanceado y técnicamente consistente. A la luz de los cambios ideológicos imperantes, había que resistir la tentación de realizar modificaciones sustanciales en la orientación de la regulación que, desde nuestra perspectiva, habrían sido altamente riesgosos en un momento como éste.

Una nota sin duda favorable es que reorganiza los temas de la ley que, por fallas técnicas y reformas superpuestas, habían ya convertido a la legislación actual en un mosaico de retazos. Además, la ley incorpora una serie de reglas y criterios que en la práctica de suyo se observaban, pero que ahora encuentran soporte normativo. Uno de los más destacados es el relacionado a los servicios que el propio IMPI presta por medios electrónicos, que habían avanzado en lo tecnológico, pero carecían del necesario soporte normativo.

Uno de los grandes desafíos que el proyecto enfrentaba, es el del debido respeto a los compromisos asumidos por México en tratados internacionales. No solo importan los textos existentes, sino en forma particular los que están en el camino de convertirse en ley positiva en nuestro país, como es el caso del T-MEC, el TPP-11 y al tratado de libre comercio con la Unión Europea. En todos los casos se incluyen sendos capítulos de Propiedad Intelectual, con elevados estándares, pero no necesariamente convergentes en sus disposiciones. Parece que, en este punto, las propuestas libran bien el análisis técnico que se imponía.

Aunque en forma expedita, la iniciativa propone nuevas facultades a la autoridad en temas de alta sensibilidad que habían sido evadidos en el pasado, como la posibilidad de que el Instituto ordene la suspensión o retiro de contenidos digitales violatorios de marcas o derechos de autor, así como combatir nombres de dominio ilegales, que desde hace dos décadas era una de las fuentes infecciosas más graves en Internet.

En la parte de marcas, la más importante de las novedades se centra en la posibilidad de presentar las llamadas solicitudes multiclase, a través de las cuales será procedente amparar en una sola petición productos o servicios que formen parte de clases diferentes de la clasificación. Este cambio permitirá adecuar nuestra práctica a los criterios imperantes a nivel internacional.

Finalmente, en la parte contenciosa se incluyen múltiples ajustes. El más notable, que marcará una nueva época de ser confirmado y pasar a convertirse en ley, es la nueva facultad reconocida al IMPI para dictar resoluciones que condenen al pago de daños y perjuicios por violación a patentes o marcas, y que la indemnización no sea menor al 60% del valor de venta de los productos respectivos. Un cambio que, por muchos motivos, de debe mirar como histórico. Ya revisaremos en las siguientes semanas cada propuesta en lo particular.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.