Luego de la ebullición inicial que el tema de la legalización del consumo de la mariguana provocó en el país, de cara a la formación de un nuevo y poderoso mercado –tanto en su rama farmacéutica como lúdica–, el tema ha entrado en una pausa que no es compatible con el nivel de expectativas generadas. No olvidemos que para muchos pensadores de la realidad mexicana, la liberalización de la siembra y consumo representa el principio de una estrategia diferente para restar poder al narco, y una de las mejores alternativas para reorientar las actividades de numerosos campesinos en diversas regiones del país.
La pretensión anunciada explícitamente por el gobierno federal de apoyar esta iniciativa se documentó en un proyecto de ley que fue rápidamente concluido y presentado al Congreso, con un dinamismo que parecía anunciar conclusiones en tiempos abreviados. Sin embargo, la denominada Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, corazón de la reforma, ha quedado acéfala en el Congreso y no parece ser ahora prioridad de ninguna comisión o grupo parlamentario.
Hasta este momento en nuestro país, como normativa vigente, no tenemos otra cosa que la jurisprudencia formada por múltiples precedentes que permiten la producción de plantas para consumo propio, siguiendo el formato del famoso primer amparo concedido para esos fines. Los primeros permisos otorgados por Cofepris para la importación de productos farmacéuticos elaborados con THC fueron revocados ante la evidencia de su trámite precipitado y desaseado. En la parte penal todo sigue básicamente igual, salvo los ajustes en las cantidades permitidas, como portador, a cada consumidor.
A la luz de la vorágine legislativa que hemos presenciado al inicio de este periodo, respondiendo a los muchos requerimientos del propio Ejecutivo, entre otras con la trascendental ley para crear y regular la Guardia Nacional, podría entenderse que algunos proyectos pasaran a planos secundarios. Sin embargo, si se pretende asumir que la liberación de la mariguana es una prioridad de política pública, tendrán que alinearse muchas decisiones, en forma expedita, si queremos ver resultados en el mediano plazo.
La creación del llamado Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, como órgano descentralizado, no es sólo una cuestión que dependa de la emisión de decretos. Más allá de los soportes jurídicos, deberá seguirse un proceso muy claro y estructurado para dotarlo de recursos financieros, humanos y técnicos, ajustados a su relevante misión. Entre los temas a resolver deberá decidirse que vinculación tendría este organismo con Cofepris, que es hasta este momento el ente gubernamental competente para autorizar la producción, importación y venta de productos de riesgo para la salud.
Lo que me parece urgente es no detener esta iniciativa sin que existan motivos a la vista. Las experiencias cercanas en Canadá, algunos estados de EU y la relativa legalización en Colombia, muestran ya resultados alentadores. Para un cambio histórico de esta dimensión, no es sólo el gobierno el que debe reaccionar. El sector privado, ávido de nuevos negocios, debe preparar y desarrollar propuestas específicas para responder a la demanda. De nosotros depende que el nacimiento de estas nuevas instituciones sea "zona libre de humo".