El Comité Olímpico Internacional exige a los poseedores de los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos señal abierta de televisión. Su intención es que las Magnas Justas sean vistas, sin pago extra, por todo el público aficionado al deporte. En 2010 –había sucedido antes con la fase final de la Copa del Mundo de Futbol- las grandes televisoras mexicanas, Televisa y TV Azteca, anunciaron que no pagarían por la señal de los Juegos Olímpicos de Invierno, Vancouver 2010.

En su afán de que los mexicanos no se quedaran sin el manjar del deporte invernal -cuyas disciplinas solamente pueden ser vistas en esas competencias, dado el monopolio que ejercen el futbol y los deportes profesionales estadunidenses en las pantallas comerciales- se ofrecieron los derechos de esos juegos a Canal 22. Eva Villareal, entonces subdirectora del canal cultural, preguntó si era conveniente que éste asumiera la responsabilidad de tan ajena transmisión. La respuesta del equipo de noticias fue contundente: sí. Desde la administración de Jorge Volpi, el deporte se había ganado un espacio en la cartelera del 22. Desde luego que la aventura parecía una desmesura. Después de todo, sería la primera vez que un canal público llevara a cabo una campaña de semejante alcance.

La tortuga, después de muchas deliberaciones, económicas y técnicas, llegó a la mar. La ceremonia de inauguración fue transmitida en directo desde los foros de Canal 22, cuyos directivos asumieron el deber público (el bien común) sobre el costo financiero del pago por esos derechos. Jorge Volpi, con mucha entereza, salvó el movimiento olímpico en este país: los hogares mexicanos tuvieron acceso en vivo a las finales de casi todas las pruebas. Se sacrificaron durante 17 días programas ya grabados para conceder más horas a las imágenes que llegaban desde Vancouver. Los sábados y domingos se llegaron a transmitir más de seis horas de competencias.

En aquella ocasión, Canal 22 dejó en claro la diferencia sustancial entre una televisión pública y una gubernamental. El interés que prevalece en la primera es el interés de los televidentes; la segunda se deja llevar por los intereses del presidente de la República y su gabinete. Que la Secretaría de Gobernación sea la que provea de servicios de información a la radio y televisión públicas es un atentado contra la muy débil democracia mexicana. Los mexicanos han ganado espacios de pluralidad en los medios no comerciales desde los años duros de la censura priista. Si los Juegos Olímpicos de Tokio no interesan a Televisa y TV Azteca –por decir- y llegara una oferta similar a Canal 22, la decisión de aceptarla o rechazarla dependería del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha promovido la austeridad republicana y poco interés en el deporte. La respuesta, supuesta, sería: lo que diga mi dedito, que casi nunca dice sí.