A pesar de encontrarnos en una crisis educativa sin precedentes, iniciamos el año sin claridad acerca de cómo vamos a resolverla. El poder ejecutivo ha optado por poner su apuesta en el programa La Escuela Es Nuestra (LEEN) encaminado a mejorar las condiciones físicas de los centros educativos. Y no es que no se necesiten espacios adecuados para las niñas y niños, sino que se presenta el falso dilema de tener que escoger entre habilitar baños o implementar medidas para recuperar la pérdida de aprendizaje. Tendrían que estar pensando en ambas necesidades, con la convicción de que solventar una no debe representar dejar de ver la otra.
Debido a diversas acciones judiciales y de la sociedad civil organizada, se encontró una ventana que si bien, no combate de lleno el problema, puede ser el inicio para poner el foco en acciones que favorezcan la disminución de la crisis y devuelva a la escuela a quienes la abandonaron. Se trata de los componentes de jornada ampliada y servicio de alimentación que impactan de manera positiva directamente a las y los estudiantes en su aprendizaje. Dichos componentes, que ya cuentan con un presupuesto establecido para 2023, debían ser considerados dentro del programa estelar LEEN por orden de una jueza federal y así lo hizo la Secretaría de Educación Pública; sin embargo, en las Reglas de Operación que lo regulan, se establecieron límites en el gasto, que volvieron imposible ejercer dichos componentes.
Explicado con números redondos: cada escuela podrá recibir entre 200 mil y 600 mil pesos de acuerdo a su matrícula de alumnas y alumnos para el programa completo LEEN, es decir que, con este monto la escuela debe planear cómo mejorar infraestructura, pero también considerar los componentes de alimentación y jornada ampliada. Esto con un candado adicional de que para este último componente solo podrán ejercer el 21% del dinero. Es decir que con entre 42 mil y 126 mil pesos anuales deberían administrarse para, entre otras cosas, pagar horarios extendidos a las plantas de maestras y maestros.
A todas luces, esta limitante representaba un reto adicional para quienes tienen que decidir la viabilidad de los proyectos al repartir el recurso en el centro educativo, por ello desde la organización Aprender Primero (brazo jurídico de Mexicanos Primero) se promovió un juicio de amparo para eliminar ese tope porcentual.
La Jueza Séptima de Distrito otorgó la suspensión definitiva a este obstáculo, por lo que las escuelas podrán utilizar los recursos del programa en su totalidad según las necesidades que determinen. Lo que falta ahora es que conozcan de ello y se les acompañe de manera adecuada si deciden que el dinero debe destinarse a acciones de recuperación de aprendizaje, que es lo que en casi todas las escuelas urge.
De aquí en adelante, el llamado es a quitar obstáculos, a construir puentes para ayudar a las y los agentes educativos a cambiar la realidad de sus estudiantes.