Fernando Alcázar Ibarra, Director de Judicialización de Mexicanos Primero. @feralc23
El pasado 18 de abril, el Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma de diversas leyes y disposiciones con el objetivo de lograr una “simplificación orgánica” en diversas dependencias de la Administración Pública Federal (APF). La iniciativa contempla el traslado, modificación o eliminación de un total de 18 órganos, entre ellos la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). En síntesis, se propone que la Secretaría Ejecutiva pase de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a una unidad administrativa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Desde la sociedad civil, diversas organizaciones nos hemos opuesto a la aprobación de esta modificación a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) por considerar que se trata de un ataque a los derechos de los cerca de 30 millones de niñas, niños y adolescentes (NNA) de nuestro país. Pero, ¿exactamente qué es el SIPINNA y qué hace su Secretaría Ejecutiva?
El SIPINNA es la instancia encargada de la coordinación y establecimiento de todos los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de las NNA. El SIPINNA es presidido por el Presidente de la República y se conforma por los titulares de SEGOB; Relaciones Exteriores; Hacienda; Bienestar; Educación Pública; Trabajo; la Fiscalía General de República; la CNDH; el IFT; Gobernadores de las Entidades Federativas; y el propio DIF. Adicionalmente, las organizaciones de sociedad civil cuentan con representantes que forman parte del mismo. Como puede notarse, se trata de un esfuerzo institucional que pretende velar por los derechos y el interés superior de las NNA, articulando de manera transversal a las mencionadas Secretarías de Estado y a la APF en general. Para lograr su operación ejecutiva, el SIPINNA cuenta con una Secretaría Ejecutiva que entre sus facultades destacan la coordinación de las acciones en la APF derivadas de la LGDNNA; la elaboración y seguimiento del Programa Nacional de Protección de NNA; y apoyar en la ejecución y seguimiento de los acuerdos del SIPINNA.
El argumento principal del Gobierno Federal para mandar a esta Secretaría Ejecutiva al DIF es una aparente duplicidad de funciones que genera ineficiencia y gasto superfluo. No sólo es que esa duplicidad no existe, sino que en cambio manda un mensaje político equivocado y que atenta contra los derechos de las NNA. La Secretaría Ejecutiva del SIPINNA ha sabido hacer mucho con muy poco; tan sólo para este año su presupuesto es de poco menos de 80 millones de pesos. Si bien es cierto que la transformación orgánica de la Secretaría Ejecutiva por sí misma no implica un riesgo para la protección de los derechos de las NNA, toda vez que sus facultades permanecen iguales, sí representa una pérdida de autonomía de gestión que en la práctica podría limitarla. Además, la importancia de que la Secretaría Ejecutiva forme parte de la SEGOB tiene todo que ver con la importancia que se le debe dar al tema desde la Secretaría que trata todos los temas políticos de interés nacional.
Por último, y quizá más importante, habrá que estar muy pendientes de la cuestión del financiamiento de una posible Secretaría Ejecutiva asignada al DIF. Aunque su presupuesto estaría garantizado mediante compensaciones para este año, el 2024 puede ser una historia completamente distinta. Especialmente, tomando en cuenta que el DIF tiene su presupuesto en el Fondo de Aportaciones Múltiples, el cual, a pesar de ser una bolsa de recursos amplia, puede resultar en una difuminación de los recursos que le pueden tocar a la Secretaría Ejecutiva, toda vez que dejarían de estar etiquetados.
La iniciativa sigue pendiente de dictaminación en comisiones y no parece formar parte de la avalancha de cambios legislativos de cierre durante este periodo de sesiones en el Congreso. Aun así, seguiremos pendientes y alzando la voz en contra de la degradación política y presupuestal de los derechos de las NNA.