El tema del acoso escolar entre las y los estudiantes ha ido cobrando relevancia en la agenda pública. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, la cantidad de reportes de acoso de enero-febrero de 2023 creció 347% en comparación con el mismo periodo de 2022 a nivel nacional.
Faltan datos para entender qué está sucediendo en las escuelas, a esto se suma que el programa nacional de convivencia escolar fue eliminado en la presente administración federal. Las escuelas reciben por parte de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud materiales que explican qué es el acoso escolar, los tipos de acoso y algunas recomendaciones generales de cómo evitarlo: Fomentar el respeto a la diversidad, reconocer la corresponsabilidad de la comunidad escolar y familiar, invitar al diálogo y promover la resolución pacífica de los conflictos. Además, cada estado cuenta con “Protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica del sistema educativo estatal (el nombre puede variar de un estado a otro, pero la idea es similar en todos los casos).
Dichos documentos llegan a las escuelas y suelen ser revisados en sesiones del Consejo Técnico Escolar, sin embargo, en comunicación con docentes de varios estados del país las apreciaciones son bastantes similares:
- Falta formación continua: El enfoque que impera es capacitar a las y los maestros con cursos genéricos que no tienen en cuenta las habilidades de liderazgo de directores y supervisores ni proveen a las y los docentes herramientas pertinentes para la atención de los casos y para la reflexión sobre los cambios sociales que se requieren para afrontar el problema.
- Los protocolos son demasiado generales: Se requiere que los protocolos aborden los “comos”, pero también permitan que docentes y directivos puedan entender los contextos particulares y abordar cada caso de acuerdo a su naturaleza.
- Falta que la información llegue a todas las directoras y directores: las y los directores no siempre se conocen los protocolos y así difícilmente llegará a su colectivo docente.
- Falta acompañamiento: dejamos a las escuelas solas con un problema social enorme que no depende únicamente de ellas. Se necesitan acciones para la prevención y para la atención y articulación de la escuela con la familia y la sociedad en general porque el problema trasciende los límites escolares.
- Falta articulación con otros sectores externos a la escuela: las y los maestros reportan que en muchos casos se reportan los casos graves a instancias encargadas de la impartición de justicia, pero no se les da seguimiento ni sucede nada con los agresores; tampoco es fácil canalizar los casos a instituciones de atención socioemocional como psicólogos o psiquiatras que puedan apoyar tanto a víctimas como a agresores para detener el problema.
Lo cierto es que la escuela tiene responsabilidad para prevenir y atender por una parte, pero también para contribuir con los cambios sociales que se necesitan para acabar con el acoso; la escuela juega o puede jugar un papel determinante para educar con valores como el respeto y la tolerancia, y fortalecer la educación ciudadana para la democracia que implica valorar la diversidad y promover la convivencia pacífica. También es cierto que las dejamos solas; un problema social en el que deberían coordinarse instancias como salud y bienestar, procuración de justicia y educación la articulación es mínima. Tampoco vemos el papel de los medios de comunicación que muchas veces reproducen estereotipos, ni consideramos la situación de violencia e inseguridad que afronta el país. El problema es entonces multifactorial.
Acusamos con frecuencia a maestras y maestros de omisión o negligencia (y sin duda cuando así sucede hay que revisar los casos) pero no les damos formación y el acompañamiento que necesitan.
Quizá el tono de este artículo es un tanto negativo, es verdad que después de la pandemia la situación se ha agravado y las niñas, niños y jóvenes deben enfrentar situaciones de acoso con mayor frecuencia, pero lejos de quedarnos en la queja y la preocupación, es importante empezar a actuar ya: necesitamos datos públicos y confiables que den cuenta de la magnitud del problema, respetando siempre la privacidad de los casos particulares, pero que permitan tomar decisiones adecuadas a cada contexto. Necesitamos políticas públicas que pongan la salud socioemocional y la convivencia escolar pacífica al centro, y para ello, la formación docente y el presupuesto son determinantes; necesitamos dar mayor y mejor acompañamiento a las escuelas, que los protocolos contemplen acciones de articulación con otros sectores, especialmente con profesionales de la salud mental que puedan dar seguimiento pertinente a los casos y en casos extremos con los sistemas de justicia para prevenir y atender aquellos que ponen en riesgo grave la integridad de NNJ.
Las y los docentes -incluyendo directivos y supervisores- tienen una responsabilidad grande para afrontar el problema y lo saben, y en muchos casos lo asumen como parte fundamental de la garantía de los derechos de sus estudiantes. Por ello, la conclusión general es que no podemos dejarles solos, solas. La educación es un asunto de todas y todos y acabar con el acoso escolar también lo es.